La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios matanceros de Colón y Los Arabos.
Entre los recurrentes está Yasmany Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.
“Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones en el juicio. Muchas violaciones del mismo Código Penal, de sus leyes. Y mucha mentira y manipulación. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona, él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos”, indicó a nuestra redacción, Rosmery Bello Castillo, esposa del condenado, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.
Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él.
“Todavía no oye por uno de sus oídos porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios, porque querían que él se culpara de algo que no hizo y mi esposo dijo que él si salió a las manifestaciones, pero fue a exigir sus derechos como estipula la Constitución”, señaló Bello Castillo.
Además de Porras, recibieron la ratificación de sus sentencias otros 11 participantes del estallido social convictos por los delitos de Sabotaje, Desórdenes públicos, Robo con fuerza en las cosas y Atentado: Adrián Fernando Domínguez Hidalgo ( 13 años y 9 meses), Andy Alexis Martín Pérez (10 años y 6 meses), Andy Ortega Murgado (5 años de correccional con internamiento), Dainier Flores Oliva (6 años), Omar Herrera Moré (11 años), Roberto Díaz Martínez (5 años), Rolando Sardiñas Fernández (12 años), Wilfredo Castillo González (15 años), Yoel Montano Alpizar (14 años y 6 meses) y Yordan Puentes Morera (10 años).
El documento de la Casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías:
“Aprovechando que estaban vigentes un grupo de medidas restrictivas” debido a la pandemia “transitaron por las calles principales del municipio Colón, donde se concentran varios centros comerciales”, cuyas ventas son en MLC (en moneda libremente convertible) “comercios que los acusados deseaban destruir e impedir que cumplieran su objeto social, alentados por ciudadanos inescrupulosos que pretenden mediante métodos violentos derrocar la ’Revolución Cubana’”.
“El recurso de casación es mucho más técnico que la apelación. Sus causales pueden ser por quebrantamiento de forma e infracción de ley”, respondió a consulta de Radio Televisión Martí, el abogado independiente Julio Ferrer.
“Una manifestación para pedir libertad. Era su derecho porque estaba escrito en la Constitución, lo maltrataron demasiado. De hecho, ahora está cumpliendo 17 años, en el Combinado del Sur y no se hace justicia. Mi esposo es inocente, en ningún momento atentó contra nadie. Yo pido libertad y justicia para él”, reclamó la mujer.
Por otro lado, el juicio de Apelación de ocho de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas.
“Fue el Juicio de Apelación de mi esposo Samuel Pupo Martínez. Al igual que en el de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos. Pero una vez más, no les importa eso. Ratificaron las sentencias, quedando en lo mismo para todos”, explicó a nuestra redacción la esposa, Yuneisy Santana González.
Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Agüica en la provincia matancera, fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.
Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado la protesta ciudadana frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, pero más adelante el caso pasó al tribunal civil y se desestimaron los cargos más graves.
“No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula con las “shakiras”, esposado como un criminal. ¿Y sigo preguntándome qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño. ¿Por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa?”, lamentó Santana.
Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido comunista y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!".
Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional.
“Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz y no me callará nadie hasta que no llegues a casa con nuestro niño que te necesita tanto en su vida. Tengo fe en la justicia de Dios, no en la del hombre. Dios permita que esta pesadilla termine pronto. Exijo libertad para mi esposo Samuel Pupo Martinez y todos los presos políticos en Cuba”, resaltó Santana.
