El último editorial del The New York Times dedicado a Cuba, ahora sobre dinámicas para los disidentes en la isla, asegura que las palabras fueron escritas en grafiti en la calle donde vivía el disidente cubano Oswaldo Payá, unos pocos años antes de su misteriosa muerte en 2012. "En una plaza sitiada, la disidencia es traición".
A lo largo de décadas, el autoritario Gobierno cubano ha usado ese conveniente argumento para ejercer un fuerte control sobre la vida de sus ciudadanos e impedir que los movimientos de oposición lleguen a representar una amenaza para el Estado. El mensaje era perfectamente claro: mientras Estados Unidos insistiera en derrocar a los líderes de la isla y entrometerse en los asuntos internos del país, los cubanos, por cuestión de soberanía nacional, tendrían que permanecer unidos.
Pero, según el diario, la era que comenzó este mes cuando el presidente Obama y el gobernante de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el fin de más de medio siglo de enemistad entre sus gobiernos, es un momento clave para quienes forman parte del diverso y valiente movimiento de oposición en Cuba.
Bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, los cubanos han sido sometidos a la austeridad, producto de una anémica economía centralmente planificada. Su acceso al Internet es severamente limitado y censurado. La prensa oficial de la isla está completamente subyugada a los intereses del Estado. Fuera de los rígidos mecanismos del partido comunista, los cubanos tienen pocas vías para enfrentar a sus líderes.
En 1998, continúa The New York Times, durante el fin de una década de hambre y privación, propiciada por el colapso de la Unión Soviética, la cual sirvió como patrón de Cuba por muchos años, Payá dio inicio a una misión corajuda. Bajo una ley cubana que en teoría permitía que grupos de 10.000 o más votantes sugirieran nuevas leyes, Payá obtuvo, según algunos cálculos, más de 25.000 firmas de cubanos partidarios de reformar la Constitución de manera drástica para autorizar elecciones libres, derecho de asamblea, prensa libre y una economía menos regulada.
En 2002, asegura el diario en su editorial, la Asamblea Nacional de Cuba respondió a la iniciativa de Payá, conocida como el Proyecto Varela, enmendando la Constitución para establecer que el sistema unipartidista socialista de la isla era "irrevocable". El siguiente año, las autoridades en Cuba encarcelaron a decenas de disidentes y periodistas independientes durante un período de intensa represión conocido como la Primavera Negra. Muchas de las personas detenidas durante ese periodo, el cual pasó relativamente desapercibido en el ámbito internacional por coincidir con el principio de la guerra en Irak, pertenecían al movimiento de Payá.
En 2010, sigue el diario, el Gobierno cubano accedió a poner en libertad a varios de los presos políticos, mediante un acuerdo negociado con la Iglesia Católica, con la condición de que debían emigrar a España. En 2012, Payá falleció en un accidente vehicular en Cuba que, según sospechan muchos activistas, fue orquestado por agentes de la Seguridad del Estado.
Algunos de los presos que fueron puestos en libertad, entre ellos José Daniel Ferrer, un aliado de Payá conocido por ser de carácter fuerte, rehusaron abandonar la isla. Ferrer es el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el grupo de oposición más visible y activo.
En una reciente entrevista en La Habana, Ferrer dijo que los ocho años que pasó en prisión representaron una oportunidad para considerar por qué no triunfaron los movimientos de disidencia en el pasado y cuál podría ser la fórmula exitosa en el futuro. Históricamente, dijo, los activistas han sido percibidos por sus compatriotas como víctimas indefensas de un Estado opresivo. "Esa gente lo que inspira es lástima, no deseo de seguirle", dijo. "Tratamos de evitar que a la gente le lleguen discursos de perdedores".
Ferrer dijo que su objetivo no es propiciar el tipo de cambio de régimen repentino y dramático por el cual han luchado varios exiliados. Lo que busca es que el movimiento de oposición llegue a ser lo suficientemente empoderado para tener voz y voto en el ámbito político. "Hay que ser suficientemente grande para obligar al régimen a negociar", dijo. "Nadie quiere apostarle al caballo que va a perder la carrera".
A pesar de décadas de privación económica y represión estatal, según el diario, la gran mayoría de cubanos no han estado dispuestos a unirse a movimientos de oposición o apoyarlos abiertamente. Es fácil comprender por qué. El audaz servicio de Inteligencia de la isla ha logrado penetrar los movimientos de oposición a través de los años, lo cual ha dificultado que formen alianzas. También ha logrado tildar a los disidentes como codiciosos agentes de iniciativas de gobiernos occidentales, una estrategia efectiva en un país nacionalista que históricamente ha sido objeto de complots estadounidenses.
Apunta The New York Times que después del anuncio de un acercamiento entre Washington y La Habana este mes, un grupo de prominentes activistas y miembros de la sociedad civil emitieron un comunicado con cuatro demandas razonables. Piden la liberación incondicional de presos políticos.
Cuba se comprometió a liberar a 53 presos políticos como parte del acuerdo que negoció con Washington. Los activistas también exigen que Cuba acate los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un acuerdo que La Habana ratificó. El comunicado, firmado por Ferrer y la popular bloguera Yoani Sánchez, entre otras personas, también pide que el Gobierno reconozca a líderes de la sociedad civil que no están vinculados al Estado. Por último, exigen que el Gobierno esté dispuesto a contemplar reformas constitucionales que pudieran llevar finalmente a elecciones libres y democráticas.
Concluye el diario estadounidense que si el movimiento de oposición en Cuba se fortalece a raíz de la mejora de relaciones con Washington, o si el acercamiento hace que la represión se intensifique, dependerá en buena medida del apoyo que obtengan los activistas de la comunidad internacional.
A medida que Cuba sea más accesible para los estadounidenses, particularmente quienes además tienen ciudadanía cubana, es posible que el Gobierno en La Habana, sintiéndose vulnerable frente a una oleada de inversión, turismo y mayor flujo de información, aumente sus esfuerzos por reprimir la disidencia.
Durante décadas, los gobiernos latinoamericanos han protegido, o por lo menos tolerado, al régimen de los Castro porque confrontarlo hubiera sido interpretado como un respaldo de la política severa de Washington. Ahora que Obama puso fin a ese dilema, los líderes de países democráticos tienen la posibilidad de defender los principios por los que abogan activistas cubanos. Los líderes de las más grandes economías de América Latina, en particular, podrían convertirse en los principales protectores de los líderes de la oposición cubana durante la Cumbre de las Américas en Panamá, en abril.
