Las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la presa política Saylí Navarro justo cuando cumplió la mitad de su condena, el plazo establecido para obtener ese beneficio.
“Ella fue llamada a la dirección del penal y le comunicaron que está denegada por un año para la libertad condicional. Ya esto se lo habían hecho en otras ocasiones que le habían denegado la mínima, el cambio de régimen”, denunció su madre Sonia Álvarez Campillo, en conversación con Martí Noticias.
Navarro de 39 años fue condenada a ocho años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Perico, Matanzas.
Según Álvarez Campillo, la directora de la Prisión de Mujeres La Bellotex, Martha Cristina Hernández Bacallao, impidió por al menos un año que su hija disfrute del beneficio que le permitiría cumplir el resto de su sentencia fuera de la cárcel, aunque bajo ciertas condiciones.
“La jefa le dijo que ella no califica para la libertad condicional porque no participa en ninguna de las actividades políticas que se hacen en el penal”, relató.
A menudo, Cuba rechaza otorgar los beneficios carcelarios, entre ellos la libertad condicional, a los presos políticos, argumentando que su conducta es una amenaza a la estabilidad social o a “la moral socialista”.
La legislación cubana instituye que el régimen de progresión penitenciario, así como la libertad condicional, los otorga el tribunal de ejecución, con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan, en la práctica, quienes progresan y quienes no”, han coincidido abogados independientes en declaraciones a nuestro medio.
Las negativas son parte de un patrón de represión que incluye la desaprobación de libertad condicional, el cambio de régimen y el traslado a centros alejados de sus hogares para dificultar el contacto con sus familiares.
Aunque unos pocos manifestantes del 11 de julio si han sido beneficiados con la libertad condicional, los funcionarios judiciales han negado a la mayoría de los condenados por su participación en las históricas protestas los beneficios estipulados por las leyes cubanas para los reclusos, han denunciado sus familiares.
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