Las autoridades judiciales negaron el cambio a un régimen de menor rigor a trece de los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021, encarcelados en el penal de Guanajay en la provincia de Artemisa.
“Queremos denunciar que en la Prisión de Guanajay violan los derechos de los presos. Están abusando de la mínima, de las condicionales, nos están denegando con indisciplinas rebuscadas. Todos teníamos derecho a cambiar de régimen y algunos hasta a la libertad condicional. Sin embargo, a los presos comunes les dan todos los beneficios, correctamente”, denunció desde el centro penitenciario de Guanajay, Denis Hernández Ramírez, en una llamada telefónica a Martí Noticias.
A pesar de que no tenían faltas disciplinarias en sus expedientes, el Tribunal de Ejecución rechazó la petición de tránsito a un régimen menos severo de Manuel Díaz Rodríguez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Ángel María Mesa Beltrán, Livel Hernández Mendoza y Efrén Duany.
Las solicitudes para cambiar a un régimen abierto conocido como “la mínima” también fueron bloqueadas por la entidad judicial a Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, Aleandry Lechuga Junco, Liván Hernández Sosa, Adrián Rodríguez Morera, Lázaro Cecé Gálvez, Lázaro Mendoza Caraza y Denis Hernández, supuestamente, por haber cometido indisciplinas.
“De acuerdo a las leyes cubanas, quien otorga, teóricamente, quien controla, teóricamente, el régimen de progresión penitenciario son las autoridades judiciales y para eso el tribunal creó lo que se llaman secciones de ejecución o salas de ejecución, que son salas compuestas por jueces que teóricamente analizan las solicitudes de progresión; progresión de un régimen más severo a uno menos severo o beneficios como la libertad condicional”, explicó en conversación con nuestra redacción el abogado cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañive.
“Lo que pasa es que la normativa también establece que todas esas decisiones son tomadas, o por lo menos formalizadas, por los jueces, pero tienen que contar con el visto bueno de las autoridades penitenciarias, que son las que determinan en última instancia y en la práctica, quienes progresan y quienes no”, apuntó el experto.
Viera Cañive precisó que son los mandos del Ministerio del Interior, de los que forman parte los funcionarios penitenciarios, los que disponen, quiénes están contemplados dentro de una categoría que no está reconocida en la ley:
“Hay delitos, en la práctica jurídica cubana, que la Fiscalía del Ministerio del Interior, denomina ‘delitos priorizados’, que son un grupo de delitos o un grupo de conductas que las autoridades determinan que esas personas no tienen derechos a ciertos beneficios penitenciarios. Uno de ellos es la progresión y eso lo que hace es revictimizar a las personas que han sido sancionadas”, señaló.
“El sistema de progresión es un sistema, básicamente, controlado por el Ministerio del Interior, aunque desde hace algunos años, tiene como un componente formal en los tribunales cubanos, o sea, la formalización final lleva la firma de un juez”, indicó el jurista.
El Centro Cubano de Derechos Humanos informó el pasado agosto que al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares (pases).
En su llamada telefónica, el preso político se refirió a las amenazas de las autoridades de la prisión: Una circular leída a los reclusos prohíbe divulgar las condiciones de los centros penales.
“Muchos no quieren llamar porque aquí leyeron un artículo que nos prohíbe hacer denuncias para otros lugares. Prohíben hacer esas grabaciones, pero algunos de nosotros que no tenemos miedo y con la verdad vamos a ir hasta el final”, recalcó Hernández Ramírez.
Asimismo, el preso político criticó las exiguas raciones de alimentos que les sirven a los recluidos:
“Nos están matando de hambre, no tienen condiciones para tener tantos presos aquí en esta prisión. Por ejemplo, hoy lo que dieron de desayuno fue un vaso de infusión, no dieron ni pan y cuando lo dan, este no sube de los 30 gramos cuando debería tener 60 gramos, y está amargo”, dijo el preso político.
“En la comida deberían darnos 100 gramos de arroz y solo sirven unos 80 y de plato fuerte casi siempre lo que están dando es picadillo y una pasta que nadie sabe lo que está comiendo, ni los reos cocineros saben lo que están cocinando. La comida está falta de sabor, no tiene proteínas, no tiene vitaminas, nutrientes. Sirven muy poquito, están incumpliendo con la alimentación de los reclusos”, dijo la fuente.
Familiares de otros presos políticos han descrito que en los establecimientos penitenciarios la alimentación es escasa, no balanceada y, en ocasiones, contaminada. Aseguran además que se prepara en lugares antihigiénicos donde pululan insectos y roedores; sus componentes se mantienen sin refrigerar y son manipulados por personal no idóneo.
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