El régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país, en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social.
El Consejo de Estado dispuso el viernes que el mes próximo fueran escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba, con mandato de cinco años.
El mismo viernes se conoció que Luis Antonio Torres Iríbar, quien fungía como Primer Secretario del Partido Comunista en La Habana, sería sustituido por Liván Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila.
Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos políticos y de administración han sido destituidos o promovidos en los últimos meses en Granma, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Matanzas.
También han sido removidos ministros y viceministros de Economía y Planificación, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de la Industria Alimentaria, de Comercio Exterior, de Cultura, la Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba, así como la dirigencia de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), entre otros puestos de importancia.
Los cubanos atraviesan una profunda crisis económica que se refleja en la falla de servicios básicos como electricidad, agua, alimentos, medicamentos y asistencia médica, con fuerte impacto social con el aumento de los índices de pobreza, violencia y emigración.
Recientemente, una propuesta de la plataforma opositora D'Frente incluyó entre una serie de demandas que busca impulsar la sociedad civil la aprobación de una Ley Electoral provisional que ampare la nominación democrática de los candidatos a la Asamblea Nacional y demás puestos electivos.
Otra coalición de agrupaciones advirtió en una declaración sobre la "ineptitud de los dirigentes" cubanos y dijo que el Estado cubano “es y será incapaz de garantizar los servicios básicos" para los cubanos.
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