Organizaciones de derechos humanos llamaron la atención este lunes sobre la alerta que ha generado en la sociedad civil cubana la posibilidad de una expatriación forzosa de los presos políticos al estilo de la ocurrida recientemente en Nicaragua.
"La alerta está motivada por las conversaciones entre el Estado cubano e instancias como la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE) y el gobierno de Estados Unidos, que han expresado posturas en favor de la liberación incondicional de los presos políticos", señala una declaración conjunta del Observatorio de Derechos Humanos, la consultoría jurídica independiente Cubalex y la plataforma Justicia 11J.
Las organizaciones mencionan dos antecedentes en los que el régimen cubano ha actuado de forma similar: en el año 2010, con la excarcelación y salida al exilio de la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra, a través del proceso de negociación en la modificación de la Posición Común de la Unión Europea en torno a Cuba; y en 2015, con la excarcelación de 53 presos políticos y la decisión de algunos de ellos de salir al exilio, durante las negociaciones con el gobierno del entonces presidente Barack Obama para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
La declaración conjunta subraya que las “expatriaciones forzosas”, y las amenazas de expatriación forzosa, han sido una preocupación de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los relatores, señalan las organizaciones firmantes, han identificado que “las autoridades estarían directamente involucradas en la expulsión física de los afectados”, o habrían forzado su salida del país al someterlos a un “contexto coercitivo marcado por continuas amenazas, hostigamiento y violaciones de derechos humanos”, contra ellos y sus familiares.
Esta ha sido "una práctica sistemática en gobiernos represivos" como Cuba y Nicaragua, advierten.
Los 222 presos políticos nicaragüenses excarcelados en días recientes, y deportados de forma inmediata a Estados Unidos, no tuvieron la oportunidad de participar en las negociaciones, y no fueron informados sobre las condiciones para su liberación, recuerda la declaración.
Las organizaciones firmantes reiteraron, en 5 puntos, su posición con respecto a estas prácticas coercitivas contra las voces disidentes en Cuba:
1- Sostenemos que la privación de libertad como forma de castigo por ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación, así como la expatriación forzada son prácticas denunciables. Por cuanto el Estado cubano las utiliza reiteradamente para obtener ventajas en procesos de negociación política, diplomática y económica, y como método para ejercer control social y desmovilizar a la sociedad civil.
2- Consideramos, ante una eventual negociación entre gobiernos para la excarcelación de los presos políticos cubanos, que se trate de un proceso de valor humanitario. Ningún ciudadano debe ser privado de su libertad por ejercer su derecho a expresarse y manifestarse. Su excarcelación, por tanto, debería ser inmediata.
3- Señalamos que la salida forzosa del país como condición para la liberación o excarcelación de los presos políticos es una violación del derecho a la libre circulación, tal como se plantea en el apartado primero del Artículo 12 del Pacto de los derechos civiles y políticos. Ninguna persona, mucho menos en las condiciones inhumanas de privación de la libertad en las cárceles cubanas, puede ser obligada a abandonar el país como condición para lograr su excarcelación o liberación definitiva. Quien negocie con el Estado cubano debería solicitar garantías de que la persona privada de su libertad tomará la decisión de salir del país sin presiones de los órganos de la Seguridad del Estado. La presión en estos casos es una forma de expatriación forzada.
4- Consideramos que se debe priorizar la participación de las personas privadas de la libertad y sus familiares en el proceso de negociación de la salida. Las víctimas deben estar en el centro de la negociación. Serían además necesarias ciertas garantías mínimas para quienes decidan libre y voluntariamente salir del país, como facilidades en el proceso de reubicación para acceder a la legalización de su estatus migratorio y acceso a servicios de rehabilitación.
5- Proponemos que las excarcelaciones y posteriores deportaciones que no tengan en cuenta las garantías mencionadas para las víctimas sean objeto de cuestionamiento de organismos defensores de derechos humanos y gobiernos democráticos, sean parte o no del proceso de negociación. Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de EE. UU., en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como “pasos positivos” para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia.
Estas tres organizaciones, que han defendido los derechos de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, incluidos los 768 encarcelados por manifestarse pacíficamente contra el gobierno en los dos últimos años, subrayan en la declaración que reciben "con esperanza" la idea de que sean excarcelados, "bajo cualquiera de las formas posibles". También advierten que las condiciones que propiciaron las protestas y el malestar ciudadano en la isla no han cambiado.
"La espiral de violencia, resistencia y castigo no cesará hasta que rija en Cuba un Estado Democrático de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos. La búsqueda de esa Justicia, en el presente y el futuro, nos convoca y reúne", concluye la declaración.
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