Organizaciones como Human Rights Watch, PROVEA y Amnistía Internacional han redactado un documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitando que durante su próxima sesión sea creada una comisión de investigación sobre “las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”
El documento conjunto fue elaborado por Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos-Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Espacio Público, Global Centre for Responsability to Protect, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y PROVEA.
En esta próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para el 9 de septiembre, se espera que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presente un informe oral actualizado sobre la realidad venezolana.
“Las víctimas de la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela merecen una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos que asegure el respeto de su derecho a la verdad, justicia y reparaciones”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“El Consejo de Derechos Humanos tiene la oportunidad –recalcó Vivanco- y la responsabilidad de crear un mecanismo que investigue los aberrantes abusos ocurridos en Venezuela, identifique a los responsables y, en lo posible, establezca la cadena de mando”.
El informe presentado por la oficina de Bachelet el pasado mes de julio patentizó abusos que concuerdan con informes anteriores, así como con los expuestos por este grupo de once organizaciones, integrado por representantes de Venezuela y otros países que se preocupan por los terribles atropellos que sufren los habitantes el país latinoamericano, entre los que destacan detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extra-judiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.
Estas conclusiones, según la opinión de Human Rights Watch, dejan en evidencia la necesidad de asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está en el deber de “otorgar a la comisión de investigación un mandato sólido y claramente definido para que examine señalamientos de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela".
"Esto debería incluir, sin carácter restrictivo, casos de torturas y trato inhumano, detenciones arbitrarias, discriminación, desapariciones forzadas y violaciones de la libertad de la expresión, el derecho a la vida y los derechos a la salud y la alimentación”, sostuvieron las once organizaciones, que también proponen “dotar a la comisión de recursos suficientes para investigar e informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre estas violaciones de derechos fundamentales dentro de un plazo determinado y estipular que deberá transmitir sus hallazgos al Secretario General de la ONU y a organismos de la ONU pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General”.
Dentro de la propuesta se incluye la movilización de apoyos, sugiriendo que el Grupo de Lima, compuesto por países de Latinoamérica y Canadá, sea el encargado de liderar los esfuerzos en la creación de esta comisión.
Dicha comisión no se ocuparía de “reemplazar la investigación penal de delitos específicos, sin embargo, la información que recabe podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018”.
Más adelante, el informe sostiene la necesidad de que las autoridades venezolanas cooperen con la comisión en puntos como, por ejemplo, permitirles el acceso al país, “y respondiendo a los pedidos de documentación y de entrevistas con funcionarios pertinentes". No obstante –puntualiza- la eventual negativa de las autoridades de Venezuela a colaborar con la comisión "no debería impedir que los comisionados lleven a cabo su tarea”.
Para fundamentar esta petición ponen los ejemplos de las comisiones de investigación que se han ocupado de los regímenes de Corea de Norte, Birmania y Siria.
