Nueve organizaciones pro derechos humanos firmaron una declaración conjunta que exige al Estado venezolano "respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica".
"Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza", subrayaron Amnistía Internacional, Freedom House, WOLA, Civicus y el Centro de Derechos Humanos John F. Kennedy, entre otros.
"Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional", indicaron. El Centro Carter, por ejemplo, concluyó que la elección no fue democrática.
"Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos", precisa el comunicado.
También afirma que las autoridades "deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil".
En referencia a la muerte de al menos 11 personas en las protestas, los firmantes recordaron que "en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones".
"Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida", recalcaron.
Otras preocupaciones que menciona el comunicado son las detenciones por razones políticas, así como muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet.
Además, "nos alarma la criminalización de la protesta y en particular, las declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab quien informó a la prensa que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Las mismas están siendo señaladas por actos violentos y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo", dijeron los firmantes.
Acerca de los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recuerdan "que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica".
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional "a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional, a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional".
Los firmantes
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Comisión Internacional de Juristas
Freedom House
Global Centre for the Responsibility to Protect
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Human Rights
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