Tras la respuesta del régimen cubano a los organizadores de la marcha convocada por la plataforma “Archipiélago” para el 15 de noviembre próximo, la reacción de las organizaciones defensoras de los derechos civiles no se hizo esperar.
“Una vez más, el gobierno cubano no acepta el reto de escuchar a los ciudadanos de manera pacífica, de manera cívica. No lo hizo el 11 de julio, cuando el presidente llamó al combate y al enfrentamiento entre cubanos y no lo ha hecho hoy al declarar ilícitas las protestas que estaban previstas para el 15 de noviembre”, dijo Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La organización que tiene su sede en Madrid llamó también a la Unión Europea a no pasar por alto la flagrante transgresión.
“Le hacemos un llamado a la Unión Europea para que denuncie y condene de manera clara y contundente, esta grave violación a los derechos humanos en Cuba, incompatible con el texto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación” entre La Habana y el bloque geopolítico.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asentada en Miami, expresó que la negativa a aprobar la Marcha era esperada y estaba dentro de las expectativas de sus propios organizadores.
“Por un lado, hay maniobras militares para intimidarte. Por otro, están diciendo que no autorizan la marcha para intimidarte desde el punto de vista legal. Todo el aparato de la represión y del terror físico y legal del Estado sobre los manifestantes”, indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la entidad.
“Lo que hay que preguntarse es hasta cuándo llega el límite de la exploración por vía legal, por vía no violenta del cambio en Cuba. Ellos están empujando a que se defina el conflicto en el terreno violento y los manifestantes y los opositores están decididos a dar una batalla estratégica en el campo no violento”.
“El que hayan objetado la manifestación desde el punto de vista legal no quiere decir que no se va a dar. Los manifestantes no pidieron permiso para hacer la marcha, sino que notificaron a las autoridades de que se iba a organizar al amparo de la Constitución del año 2019. Ahora veremos lo que pasa el día 15”, apuntó Blanco.
Días antes el régimen anunció un despliegue militar por el "Día Nacional de la Defensa" el 20 de noviembre, fecha para la que estaba inicialmente programado el ejercicio cívico.
En la capital cubana, Pedro Acosta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba rechazó la acusación de los mandos cubanos sobre presuntos “vínculos de algunos integrantes de Archipiélago con "organizaciones subversivas o agencias financiadas" por Estados Unidos.
“El Consejo quiere lo mismo que millones de cubanos: que haya un cambio definitivo. Por qué 62 años de desgobierno, de malas decisiones, de represión, de equivocaciones, han dado al traste con un desastre económico político y social”.
“Pienso que hay que salir a la calle, hay que acabarlo de una vez porque, incluso, contradice las palabras del presidente del Tribunal Supremo”.
El presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro, afirmó a raíz de las protestas del 11 de julio, “que manifestarse en Cuba no es un delito, sino un derecho constitucional”.
“Nos llevan a una guerra civil, que es lo que están buscando, lo que están provocando y lo que está pensando el dictador, el títere [Miguel] Díaz-Canel, llamando a su pueblo a enfrentarse y prácticamente ya no queda otra. Cada vez que uno acude a las vías legales, se le cierra el paso, se le sanciona, se le detiene”, señaló Acosta en entrevista con el programa Cuba al Día.
“Están llamando al enfrentamiento entre cubanos, al derramamiento de sangre porque no les interesa el pueblo, ni las necesidades, ni lo que estaba padeciendo”, concluyó.
Desde Santi Spiritus, Aymara Peña, una de las voceras de la Red Femenina de Cuba explicó que considerar ilegítima la marcha es una justificación ilógica.
“En favor de los firmantes podemos decir que se supone que esta es la forma en que nosotros como ciudadanos deberíamos proceder para que se nos permita ese tipo de libertades”.
“Queda muy explícito el espíritu de la Constitución cubana, que no establece, digamos, la igualdad de todos y sobre todo la réplica a la Marcha remarca el carácter irrevocable del socialismo, usando toda esa fanfarria del bien común, etc. pretende tildar a la oposición como el gran enemigo de la sociedad cubana”, criticó la feminista.
“Desde abril del 2019 hasta septiembre de 2021, la Asamblea Nacional ha aprobado 2493 disposiciones jurídicas, basadas en el nuevo cronograma legislativo, y ninguna de ellas, ha estado encaminada a materializar algún derecho civil ni ningún derecho individual de los cubanos”, resaltó Peña.
