Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba.
Los firmantes exigen a la Alta Comisionada que demande al gobierno de Cuba "la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, honrando la exigencia de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, la cual establece que los miembros del Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar con el Consejo”.
Además instan a la funcionaria a que exija al régimen cubano “cumplir con el compromiso al que está obligado ante todos los mecanismos del Sistema Universal de Protección, particularmente con los Procedimientos Especiales y los más importantes tratados de Derechos Humanos”.
La carta recuerda que “los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema”.
El texto recuerda que Cuba mantiene por más de 60 años el mismo sistema de gobierno de partido único.
“Su nueva Constitución reafirmó tal condición, continúa limitando gravemente el ejercicio de derechos civiles y políticos, y contrario a la mayoría de las constituciones de América Latina desconoce rango superior a la normativa internacional de derechos humanos”, indica el texto.
"El pueblo de Cuba necesita expresiones de solidaridad de la comunidad internacional que presionen para limitar los abusos a los derechos humanos y lograr cambios reales”, alertan.
La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de Derechos Humanos en este nuevo período de tres años, entre 2021 y 2023 tales como:
1) La ratificación de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales así como otros trascendentes tratados en materia de Derechos Humanos incluyendo la aceptación de todos los procedimientos de quejas individuales existentes
2) La aceptación de invitaciones permanentes a todos los procedimientos especiales de la ONU, en particular permitiendo las visitas de los/as Relatores/as sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la situación de los defensores de derechos humanos; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre los derechos culturales; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; sobre detenciones arbitrarias; sobre el derecho a la privacidad; sobre la libertad de religión y creencias; sobre formas contemporáneas de esclavitud incluyendo sus causas y consecuencias; sobre tráfico de personas, especialmente mujeres y niños; sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual; sobre independencia de jueces y abogados; así como a los Grupos de Trabajos sobre la detención arbitraria; y sobre los pueblos Afrodescendientes.
3) Su integración a las prácticas de América Latina y el Caribe que incluyen el reconocimiento a una diversidad de iniciativas, opiniones y expresiones pacíficas de su sociedad, garantizando el derecho humano a la libertad de asociación sin restricciones ideológicas y con su respectivo derecho de acceder a la cooperación internacional.
Los firmantes son: Alessandra Pinna (Freedom House, Estados Unidos); Angelita Baeyens (Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Estados Unidos); Erik Jennische (Civil Rights Defenders, Suecia); Rafael Uzcátegui (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Venezuela); Adriana León (Instituto Prensa y Sociedad, Perú); Lucia Argüellová (People in Need, República Checa); Inés Pousadela (CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Sudáfrica); Yevgeniy Zhovtis (Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law, Kazajistán); María Teresa Blandón (Programa Feminista La Corriente, Nicaragua); Jakub Klepal (Forum 2000, República Checa); Srirak Plipat (Freemuse, Dinamarca); Eleanor Openshaw (International Service for Human Rights, Estados Unidos); Gabriel Salvia (CADAL, Argentina); Raúl Silesky Jiménez (Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, Costa Rica); Leopoldo Maldonado (Article 19, México); Mauricio Alarcón Salvador (Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador); Christina Fetterhoff (International Institute on Race, Equality and Human Rights, Estados Unidos); Diana Arias (Fundación Impulsos, Colombia); Mariana Aylwin (Fundación Patricio Aylwin, Chile) y Javier Larrondo (Prisoners Defenders, España).
