El gobierno cubano destituyó el sábado al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) Rafael Ramón Santiesteban Pozo, reportaron medios estatales, en la más reciente de una serie de sustituciones de altos cargos en sectores estratégicos de la economía.
La organización determinó "liberar de su responsabilidad" al funcionario "a petición del Buró Político", y nombró en su lugar a Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado y jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) desde el 2021.
El nuevo presidente de la ANAP es "Ingeniero en Mecanización de la Producción Agropecuaria y Máster en Cultura Económica y Política", y ha pasado 25 de sus 49 años de edad como cuadro político en la Unión de Jóvenes Comunistas y en el PCC, del que fue primer secretario del Comité Provincial en Ciego de Ávila, destaca un reporte de la web oficialista Cubadebate.
"Reflexionamos sobre los logros y retos de esta vital organización para reimpulsar la economía del país", dijo el miembro del Buró Político del PCC Roberto Morales Ojeda en un post en la red social X, tras encabezar la reunión en que fue comunicada la destitución.
Santiesteban Pozo, un licenciado en Contabilidad y Finanzas, máster en Cultura Política y Económica y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 2018, según su ficha en la enciclopedia estatal Ecured, duró 10 años en el cargo y ahora "le serán asignadas otras tareas", según los reportes oficiales.
Las autoridades cubanas han responsabilizado a los campesinos y productores agropecuarios de la carencia de alimentos en el país, al tiempo que ponen en vigor nuevas medidas de fiscalización y control sobre el uso y explotación de la tierra, y un ceso del ganado mayor.
Agricultores independientes han dicho a Martí Noticias que estas medidas coactan su capacidad de decisión sobre el proceso de producción y cultivo. El "campesino, al no ser dueño de sus tierras, no se siente motivado ni incentivado” a producir, señaló uno de ellos.
En febrero pasado, en una reunión de balance anual del Ministerio de la Agricultura, el primer ministro Manuel Marrero reconoció el fracaso de una ley diseñada para "garantizar producciones de alimentos sensibles a la nutrición, fomentar sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles y movilizar los recursos financieros, tecnológicos, técnicos y alianzas que posibiliten la implementación de sistemas alimentarios soberanos y sostenibles".
Marrero atribuyó la falta de éxito de la llamada Ley de Soberanía Alimentaria a la proliferación de violaciones en el sector agrícola, como casos de corrupción y falta de control en tareas estratégicas como la entrega de tierras y de ganado en usufructo.
Líderes campesinos recordaron al primer ministro que llevan años pidiendo al gobierno "libertad para la producción y distribución de nuestros productos; para fijar los precios de acuerdo con el mercado y para importar y exportar directamente; eliminar por diez años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas", entre otras demandas.
En la isla existe una “necesidad urgente” y una “profunda crisis económica" que está impactando “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población”, reconoció la semana pasada el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, tras una solicitud de ayuda de Cuba para recibir leche en polvo.
En medio de la agudización de la crisis y el reconocimiento oficial del fracaso de políticas como la aplicación de la Ley de Soberanía Alimentaria, la Tarea Ordenamiento y la bancarización, el régimen de La Habana ha anunciado la destitución de varios funcianarios al frente de puestos claves.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, fue el primer descabezado, a principios de febrero, junto al ministro de la Industria Alimentaria Manuel Santiago Sobrino Martínez y la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Elba Rosa Pérez Montoya.
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