QUITO - Representantes de 12 países de América Latina iniciaron el lunes una cumbre para buscar soluciones regionales al éxodo masivo de venezolanos, mientras Amnistía Internacional hizo un llamado a proteger los derechos humanos de los desplazados.
En el debate, que se lleva a cabo en Quito y se extenderá hasta el martes, participan Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) fijó para el miércoles una sesión extraordinaria "por la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela" en la sede del organismo en Washington.
En tanto, el presidente colombiano Iván Duque anticipó en Bogotá que durante la visita del mandatario estadounidense Donald Trump a su país en noviembre una de las prioridades será la situación de los venezolanos en la región.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en una carta a los gobiernos de la región que millones de venezolanos fueron obligados “a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones de sus derechos a la alimentación y la salud”.
Añadió que una solución requiere liderazgo y cooperación internacional. “Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad”.
Más de 2,3 millones de personas, un 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país en los últimos tres años de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
El mandatario colombiano propuso que la región aísle diplomáticamente “a un régimen dictatorial que ha arruinado las libertades, que ha destruido la economía” sin perjudicar al pueblo venezolano.
La semana pasada Perú y Colombia acordaron que compartirán una base de datos sobre la salud, educación y seguridad de los venezolanos que entran, permanecen y salen de sus países para facilitar la toma de decisiones en política migratoria.
Desde Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció el lunes que no existe una crisis humanitaria en el país y esos señalamientos serían parte de una serie de "artilugios diplomáticos" de Estados Unidos, Europa y varios países de la región para justificar una intervención militar en el país.
Las cifras de migrantes venezolanos son “abultadas” y provienen de "un grupo de países que responde a intereses imperiales, unidos para agredir a Venezuela", dijo en una rueda de prensa.
La vicepresidenta destacó que Venezuela ha enviado más de 40 notas diplomáticas a los países de la región para que aporten cifras oficiales de los venezolanos que se encuentras en esos países y no lo han hecho. La funcionaria además acusó a Colombia de intentar sacar provecho de la ayuda internacional para atender la supuesta llegada masiva de venezolanos a su territorio.
"Ahorita pretende usar a Venezuela para seguir viviendo de la ayuda internacional, sin vergüenza alguna", manifestó la vicepresidenta. Agregó que el gobierno está en disposición de ir a la Asamblea General de la ONU con la verdad y "defender la integridad y dignidad" de Venezuela.
Venezuela atraviesa una compleja crisis económica y social agravada por la caída de los ingresos petroleros, la hiperinflación, una severa escasez de alimentos y medicinas y una fuerte recesión.
Recientemente Perú y Ecuador comenzaron a exigir pasaporte a los venezolanos que busquen ingresar a sus territorios.
Obtener un pasaporte se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela, donde se espera que la hiperinflación alcance el un millón por ciento a finales de este año y hay escasez de suministros básicos como papel y tinta.
