El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien relató a Radio Televisión Martí que fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, adonde fue citado este jueves el reportero, le retiraron el permiso de cuentapropista, una semana después, de que el jefe de la Policía en la zona del Reparto Sevillano, del municipio habanero 10 de Octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la “ley del vago” por "no tener vínculo laboral".
En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que además de periodista independiente, empleo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una licencia de plasticador.
“Entonces el argumento de la policía política de que yo no tenía una ocupación legal se fue abajo y optan por esta nueva artimaña, quitarme la licencia de platicador”, denunció Fernández Cuenca después de salir de la reunión en la entidad estatal.
“Me hicieron un informe de las irregularidades que supuestamente yo he cometido como cuentapropista: no poseer vales ni facturas de materia prima. Me retiraron la patente y me remitieron para la Dirección Municipal de Trabajo a ver si me la devuelven o no”.
El comunicador comentó que le pareció muy raro que para analizar el “comportamiento” de un simple plasticador, estuviera la directora del organismo, además de dos inspectores.
Respecto a lo ocurrido con Fernández Cuenca, Henry Constantín, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó:
“Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, sentirse amparado por una patente. Muchos periodistas independientes y activistas las poseen para protegerse de la ley de Peligrosidad Social predelictiva. Pero sí es el primero que yo recuerdo que le quiten su carnet de cuentapropista para, presuntamente, luego acusarlo de que no trabaja.”
“El Ministerio del Interior, continúa usando una gama amplia. No podemos quedarnos tranquilos con que el Decreto Ley 370 o los arrestos breves son la única amenaza. Podemos esperar cualquier cosa”, puntualizó el directivo de la SIP.
Añadió que, “al final, las presiones de la Seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista abandone su labor y, mejor aún, deje el país cuando se sienta en riesgo de encarcelamiento”.
