Un veredicto de culpabilidad contra el cronista deportivo Miguel Mendoza en Nicaragua bajo una ley aprobada en 2020 coloca contra la pared a decenas de periodistas en el país. Día a día el gremio se ve obligado a reinventarse para mantener informada a la población en medio de un clima hostil, opinan colegas y analistas, informó la Voz de América, VOA.
Mendoza fue declarado culpable por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, incluido en una controversial Ley de Ciberdelitos que ilustra la situación de inseguridad que se vive en Nicaragua desde abril de 2018. La Fiscalía pidió nueve años de prisión.
La experta en medios de comunicación y columnista del medio Confidencial Mildred Largaespada comentó a la VOA que el Gobierno de Daniel Ortega irá tras cualquier periodista que describa la realidad que se vive en el país.
“Los periodistas vivieron en sus propias carnes la represión, no solamente la represión dirigida hacia los periodistas, sino que vieron toda la represión dirigida a la gente inocente, entonces eso nos convierte en testigos”, dijo Largaespada.
Agregó que “el régimen no quiere a nadie que pueda testificar en su contra. Ese rol de periodistas como testigos es el que más pesa al régimen. Y eso amenaza a cualquier periodista y amenaza … a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales”.
Ella afirma que los periodistas “se la siguen jugando” en Nicaragua, en medio del silencio estatal, la desaparición de fuentes y la presión de las leyes represivas, y a pesar de ello buscan cada día nuevas maneras de informar a la población.
Sin embargo, la presión sobre los medios de comunicación ha calado. Según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país.
“Tenemos establecido que hay más de 65 periodistas que han partido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenaza, de acoso y de represión, lo están manteniendo bajo perfil como una medida de seguridad”, dijo a la VOA Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de esa organización.
