El presidente de CRF I Limited, Davis Charters, alegó en su comparecencia este jueves en el juicio de reclamación al régimen cubano del pago de una deuda de 72 millones de euros, contraída en los años 80, que el fondo inversor que representa “es demasiado pequeño” para ser llamado “un fondo buitre”.
Charters testificó ante la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, quien tiene la responsabilidad de juzgar si el CRF I posee legalmente el derecho a cobrar dicha deuda, contraída por Cuba en 1984 con dos bancos europeos por concepto de préstamos, reportó la agencia de noticias EFE.
Los demandados, el Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, insisten en la presunta ilegitimidad de CRF I como acreedor, alegando que el traspaso de los títulos no se ajustó a lo establecido por la legislación cubana y fue producto de un soborno a uno de los empleados del BNC.
También alegan que el objetivo del fondo inversor británico es litigar para forzar el pago de la deuda.
El presidente de CRF I, que posee en total 1.200 millones de euros en posiciones de deuda pública de Cuba, aseguró en su declaración que no tienen "los recursos ni el tamaño" para ser calificados de "fondo buitre" y sostuvo que no son comparables a una firma como Elliott Management que en 2016 persiguió a Argentina, detalló EFE.
Charters desmintió que CRF I haya forzado el caso para sacar provecho, argumentando que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa". El directivo recalcó que el grupo inversor trató desde 2013 de negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano, pero sus gestiones fueron infructuosas, por lo que decidió ir a juicio porque sus inversores "estaban perdiendo la paciencia".
La abogada de la defensa, Alison Macdonald, respondió que la oferta de reestructuración, que data de enero de 2018, tras el azote del huracán Irma, "se programó para aprovecharse de un país empobrecido tras una catástrofe natural". Charters rebatió esta afirmación.
En la vista del día de hoy, 26 de enero, en la que comenzaron los testimonios periciales, correspondió declarar por la parte cubana a Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Habana, quien señaló que, de acuerdo con las leyes cubanas, el BNC, que fungía como Banco Central de Cuba en el momento de los hechos, tiene desde 1997 solo una "función administrativa" en la gestión de la deuda externa, informó EFE.
Mendoza Díaz dijo que, de acuerdo con el artículo 56 de un decreto ley de 1999, el Banco Nacional de Cuba “no tiene facultad para actuar en nombre del Gobierno cubano ni aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros".
CRF, por su parte, argumentó que el artículo 56 no se aplica a la deuda histórica previa a 1997, y que tanto el estatuto del BNC como todos los ejemplos prácticos hasta el comienzo de este litigio demuestran que esta institución bancaria sí tenía competencias delegadas para reasignar la deuda.
El juicio proseguirá el próximo lunes, cuando declarará la licenciada en Derecho cubana Hosanna Rodríguez Calvo por parte del fondo inversor. Se prevé que las audiencias concluyan el jueves, aunque no se espera un fallo de manera inmediata, concluyó EFE.
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