Tras la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Plataforma Cubana Pro Derechos Humanos inició este lunes una campaña denominada R-60, porque está basada en la Resolución 60 que dio origen al Consejo de Derechos Humanos y es uno de los más importantes fundamentos de esa gobernanza global.
“La Resolución 60 establece los estándares que deben cumplimentar los países que pretendan entrar al Consejo de Derechos Humanos. El gobierno cubano no cumple ninguno de estos requisitos que pasan, justo, por la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos como una asignatura en todo el currículum escolar, la adecuación de la ley interna a la ley internacional, fundamentalmente el respeto a los derechos y garantías que reconocen los ordenamientos jurídicos internos”, dijo a Radio Televisión Martí, uno de los impulsores de la iniciativa, el activista político Manuel Cuesta Morúa, quien añadió:
“El gobierno cubano acaba de aprobar una Constitución para empezar a violarla, y todo esto entra en lo que se llama los altos estándares, que recoge la Resolución 60”, denunció el opositor.
En un comunicado, la coalición cubana asegura que dicha resolución “merece ser rescatada por la ciudadanía en todo el mundo. La paz mundial es solo posible cuando se garantiza la paz de los derechos entre los Estados y sus ciudadanos”.
En este sentido, la Plataforma afirma que los más de 170 países que votaron a favor de la membresía del régimen de La Habana en el alto organismo internacional, enviaron un mensaje incongruente con la Carta Internacional de Derechos Humanos a sus propios pueblos y al pueblo cubano.
Los objetivos de la declaración son promover la Carta Internacional de Derechos Humanos, a la vez que monitorear y preparar informes y recomendaciones acerca del cumplimiento de la Resolución 60 en Cuba, incluyendo el respeto a la recientemente aprobada Constitución cubana.
Asimismo estimulará, junto a actores y organizaciones de la sociedad civil internacional y extranjeras, reformas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigidas a que solo puedan ser postulados a esa entidad mundial aquellos Estados que cumplan, estrictamente, los estándares de la R-60, que los ciudadanos y las ciudadanas y as organizaciones de la sociedad civil, tengan un espacio permanente en el Consejo, sobre todo los provenientes de países donde la violación de derechos humanos es sistemática y estructural.
Persigue, además, que los ciudadanos y ciudadanos puedan promover, mediante un número determinado de firmas, la visita de Relatores, incluyendo el Alto Comisionado, a sus respectivos países para verificar in situ el cumplimiento de las leyes del país y de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
