La sindicalista Yorsikelin Sánchez Perdigón fue citada el pasado viernes en Sancti Spíritus e intimidada por la Seguridad del Estado luego de realizar una encuesta a ciudadanos residentes en su municipio.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, la activista explicó que cumplía con un acuerdo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) de encuestar a trabajadores, jubilados y cuentapropistas sobre el impacto que ha tenido en ellos las medidas tomadas por el gobierno para evitar el avance del coronavirus.
Según la sindicalista la policía política le quitó las planillas de la encuesta y la intimidó para que no siguiera sus labores en las calles.
"Hay mucho descontento en la población y las autoridades lo saben; por eso el gobierno y la policía se sienten amenazados hasta por un papel", dijo.
Sánchez Perdigón agregó que las autoridades saben que los sindicatos independientes "están trabajando muy fuerte" con los ciudadanos y en especial con muchos de los que aún laboran con el gobierno, pero sienten el descontento y por eso intentan frenar la labor de la ASIC.
"Sabemos que se están negando a pertenecer a la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), y queremos conocer sus problemas", aseguró.
Por razones similares el sindicalista independiente Carlos Javier Gómez Guevara, de Cienfuegos, también ha recibido citas y amenazas policiales, dijo Iván Hernández Carrillo, coordinador general de la ASIC.
El incidente más reciente contra Gómez ocurrió el viernes en el hospital de Santa Clara. Lo detuvieron y le confiscaron el teléfono porque "imaginaron" que estaba tomando fotos e indagaba con empleados del hospital sobre las condiciones en que realizan el trabajo, relató Hernández Carrillo a Radio Televisión Martí.
Hernández Carrillo dijo que con la encuesta que realizan quieren saber la dimensión real de los trabajadores por cuenta propia que "han quedado en total abandono por parte del Estado" en estos tres meses de cuarentena.
Recordó que los cuentapropistas pagan sus impuestos, pero el gobierno no les ha garantizado ningún tipo de respaldo y muchos ya han perdido sus negocios por la decisión estatal de cerrarlos.
Ellos están en total abandono, "al punto de no tener ni para el sustento de sus familias, y la insatisfacción que hay a nivel de país va creciendo cada día", concluyó Hernández Carrillo.
