MANAGUA (AP) - El diálogo entre el gobierno nicaragüense y la sociedad civil, que pretendía reducir la tensión provocada por un mes de protestas, quedó suspendido el miércoles de forma indefinida cuando se abordó el tema de una eventual transición política en este país centroamericano.
El poder ejecutivo y los grupos que protagonizaron las protestas del último mes, marcadas por una dura represión oficial que dejó al menos 76 muertos y 900 heridos, llevaban a cabo un acercamiento para disminuir la tensión, con la Iglesia católica como mediadora y garante del mismo.
Sin embargo, según explicó el cardenal Leopoldo Brenes, los obispos optaron por suspender el diálogo el miércoles por la tarde porque no se había logrado ningún consenso. No obstante, sugirieron la creación de una “comisión mixta” conformada por tres personas de cada parte para intentar superar el actual impase.
Las diferencias entre las autoridades, por un lado, y la sociedad civil, los estudiantes y el sector privado por otro, comenzaron desde la mañana cuando los representantes del presidente Daniel Ortega rechazaron que se sometiera a discusión una agenda de 40 puntos presentada por los obispos.
La propuesta planteaba la creación de una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas e incluía una reforma a la ley electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial, entre otros temas.
La respuesta oficial fue contundente.
"La agenda nos lleva a un solo punto: un golpe de Estado, porque es la ruta para cambiar al gobierno al margen de la Constitución y las leyes", dijo el canciller Denis Moncada, quien encabezaba la delegación gubernamental.
Ortega, que estuvo en el poder desde que triunfó la revolución en 1979 hasta 1990, gobierna ahora de forma ininterrumpida desde 2007.
Las manifestaciones y la tensión en las calles comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social. En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron sino que se hicieron más grandes, y en ellas se empezó a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusaban de autoritarismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el lunes que el gobierno violó los derechos humanos al aplicar fuerza excesiva cuando reprimió a los manifestantes, y pidió la formación de un organismo internacional para investigar los actos de violencia e identificar a los responsables de las 76 muertes y los cientos de heridos.
Los grupos involucrados en el diálogo acordaron crear una comisión para dar seguimiento a estas recomendaciones y, según una de sus participantes, la abogada Azalea Solís, el gobierno aceptó los hallazgos, aunque no hizo comentarios.
Pero ese aparente entendimiento quedó truncado el miércoles al llegar al punto medular de intentar sentar las bases para la realización de elecciones democráticas.
Moncada indicó que estarían abiertos a discutir cualquier temática, dentro del marco constitucional, pero puso como condición que se desmontaran los bloqueos de carreteras que, según dijo, están afectando a gran parte de los habitantes.
"No podemos estar discutiendo casi 40 puntos de la agenda mientras los tranques hacen languidecer a la población", dijo el canciller en referencia a los bloqueos en la capital y en varios departamentos.
La sociedad civil, los estudiantes y el sector privado rechazaron de inmediato los señalamientos de que se está produciendo un golpe de Estado.
"Esta agenda no es de ninguna manera una ruta para un golpe de Estado, sino una ruta para un cambio democrático que es lo que ha pedido el pueblo con marchas multitudinarias recientes en todo el país, y que desde hace años la sociedad civil ha demandado al gobierno”, dijo Carlos Tünnermann, exministro de Educación.
Horas antes que se suspendiera el diálogo, fuerzas paramilitares del gobierno atacaron a ciudadanos que se encontraban en diferentes bloqueos, lo que derivó en un muerto y al menos 10 heridos en León, 90 kilómetros al occidente de Managua, según confirmaron servicios de rescate.
La primera sesión de conversaciones entre el gobierno y la sociedad civil se efectuó el 16 de mayo, un encuentro marcado por la tensión. Ese día Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, tuvieron que escuchar duras acusaciones y gritos que los tachaban de “asesinos”.
“Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando”, le espetó Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes antes incluso de que el mandatario pudiera tomar la palabra.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, hizo suyo el miércoles el informe de la CIDH “párrafo por párrafo”, e insistió en que la salida a la crisis debe ser por la vía electoral, sin exclusiones, ni inhabilitaciones, con comicios claros y transparentes.
“La decisión debe volver de forma urgente al soberano: el pueblo”, afirmó.
