Las autoridades judiciales ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio en Artemisa, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la Prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
“Fui detenido el 13 de julio, me llevaron para la estación policial, supuestamente, para hacerme unas preguntas. Me condujeron por una escalera hasta una oficina pequeña, me sentaron en un ‘butaconsito’ y me esposaron. Mientras entre seis policías me aguantaban, el teniente coronel Juan Alaín Álvarez Concepción y otro oficial nombrado Yordan Cabrera, me enseñaron un video en un teléfono en el que aparecía yo en la manifestación. Me preguntaban si conocía a los que estaban a mi alrededor y cuando les contestaba que no, me daban golpes, al punto que perdí el conocimiento, me hincharon un ojo, me reventaron un oído”.
“Uno de ellos me agarró por el pelo y me decía ‘di viva la Revolución’, yo gritaba ‘no quiero’ y más golpes me daban. Hasta que se dieron cuenta que estaba aturdido y me dejaron. Como a los quince días, estando en el centro de detención del Mariel, me fue a ver una fiscal, dijo que para verificar mi caso. Entonces yo le expliqué lo que me hicieron y le mostré los moretones que todavía tenía en la cara y en todo el cuerpo. La funcionaria me aseguró que investigaría”, relató García Rodríguez, natural de Bauta en la provincia de Artemisa.
“Al cabo de varios meses, estando aquí en el penal de Guanajay, fue a verme otra fiscal. Me querían obligar a firmar un papel en el que estaba escrito que me habían hecho el chequeo médico reglamentado y una enfermera atestiguó que yo no había recibido ningún golpe”.
“En Guanajay he visto a los guardias atacar a presos. Conmigo no ha sucedido, pero los carceleros humillan y ofenden a los internos”, puntualizó García Rodríguez, con una sanción de 7 años.
Del mismo modo sucedió con los presos que se negaron a participar de actividades políticas.
“Los guardias insultan y agreden físicamente a los que nos negamos a ir a sus ‘actos de reafirmación revolucionaria’. A los hermanos Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera, manifestantes del 11J, les cayeron a bofetadas cuando rechazaron asistir a esos ‘teatros’ en los cuales ni ellos mismos creen”, atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los Baños.
“Nosotros nos hemos quejado a los mandos sobre los malos tratos, pero los culpables no han sido castigados. Los guardias también enchuchan a los reos comunes para que busquen problemas con nosotros y así ellos poder denigrarnos impunemente”, apuntó Hernández Ramírez.
Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que las personas salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
“Cuando me detuvieron me arrojaron a una celda con capacidad para 4 personas, con otros 24 manifestantes. Estábamos amontonados, no podíamos dormir”, indicó Jonathan Medina Hernández de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
“Para que identificáramos a otros de los protestantes nos cayeron a puñetazos y luego nos tomaron declaración para que firmáramos que no nos habían maltratado”.
Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional el Fiscal General de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente”.
