El gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha orquestado una perversa campaña de desprestigio contra una de las principales organizaciones de derechos humanos de Venezuela, informó Human Rights Watch (HRW).
"Esto ocurre justamente cuando las autoridades venezolanas están intensificando su arremetida contra críticos, opositores y periodistas – y los venezolanos más necesitan a los defensores de derechos humanos", precisó la entidad.
"La prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos Provea trabaja desde hace décadas para dar visibilidad a violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha documentado rigurosamente abusos cometidos por todos los gobiernos venezolanos, incluido el de Maduro. En el contexto actual, ello implica un enorme sacrificio y enormes riesgos para el valiente equipo de Provea", indicó HRW.
El 4 de mayo, Maduro acusó a Provea de recibir fondos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. y de defender los derechos de “terroristas” y “mercenarios” que, según sostuvo, son miembros de la “seguridad de Donald Trump”.
HRW explica que Maduro se refería a individuos que las autoridades venezolanas detuvieron el 3 de mayo. El ministro de Interior Néstor Reverol expresó que las fuerzas armadas venezolanas habían bloqueado un intento de invasión por vía marítima de “mercenarios terroristas procedentes de Colombia”. Según Jorge Rodríguez, el vicepresidente de comunicación, y Diosdado Cabello, un poderoso miembro del gobierno, 8 personas murieron durante el operativo del gobierno, y al 7 de mayo habían 23 detenidos por presunta participación en los hechos. Dos de los detenidos son ciudadanos estadounidenses y exsoldados de fuerzas especiales estadounidenses.
"Ante estos acontecimientos, y en función de los nefastos antecedentes de las fuerzas de seguridad venezolanas", informó HRW, Provea señaló en un tuit que “deben ser respetados los DDHH de las personas detenidas”. Provea expresó, asimismo, que “sólo apoyará y promoverá mecanismos constitucionales, pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país” y añadió que, como Maduro ha cerrado todos los canales para la resolución pacífica de conflictos, lo consideraba “el principal responsable de cualquier hecho de violencia por razones políticas en el país”.
"Otros funcionarios rápidamente respaldaron los señalamientos amenazantes de Maduro. Cabello acusó a Provea de “justificar el terrorismo” y prestarse a los intereses de “organismos de inteligencia de los Estados Unidos” en la página web de su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, que se transmite a todo el país, así como en la cuenta de Twitter del programa. A su vez, la embajadora de Maduro ante la Unión Europea comparó las declaraciones de Provea con propaganda nazi", dijo HRW.
En ese contexto, Human Rights Watch subrayó que conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios.
