El gobierno de Venezuela advirtió a Estados Unidos que avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente, pese a la posibilidad de imponer sanciones económicas como parte de una creciente presión internacional que busca obligar al presidente Nicolás Maduro a frenar su iniciativa.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que "tomará rápidas y fuertes medidas económicas" si Maduro persiste en la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, que la oposición considera un "fraude" del chavismo para perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela "otra Cuba".
"Estados Unidos no se quedará pasivo mientras Venezuela se desmorona", afirmó el gobernante norteamericano en una nota oficial.
Según Trump, pese a que 7,6 millones de venezolanos votaron contra la Constituyente el domingo en un plebiscito simbólico organizado por la oposición, esas acciones son "ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador".
En una declaración pública el canciller venezolano Samuel Moncada informó que nadie podrá detener la Constituyente y destacó que "hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista" y esta tarde Nicolás Maduro anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación por la Soberanía.
Ayer la Casa Blanca, expresó en un comunicado su satisfacción por el nivel de participación popular en la consulta simbólica organizada el domingo por la oposición en Venezuela, cuyo resultado consideró un mensaje "inconfundible" en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El país petrolero, hundido en una crisis económica por la caída de los precios del crudo, exporta a Estados Unidos unos 800.000 barriles diarios (bpd), de una producción reportada por la estatal petrolera PDVSA de 1.972.000 bpd.
Además de la escasez de alimentos y medicinas y una descontrolada inflación, Venezuela vive desde hace casi cuatro meses protestas que dejan 96 muertos, con las que la oposición rechaza la Constituyente y exige la salida de Maduro.
El cerco internacional creció tras el plebiscito. La Unión Europea (UE), el secretario general de la la OEA, Luis Almagro, y los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Panamá también pidieron a Maduro retirar su proyecto.
El mandatario rechazó esos llamados y tildó de "insolente" a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien no descartó sanciones.
El presidente Juan Manuel Santos país vecino de Venezuela, también se pronunció el lunes a favor de "desmontar constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela". "El mundo entero lo está pidiendo", escribió Santos en la red social Twitter.
Francia llamó al "diálogo sincero" para resolver la crisis, en tanto que un centenar de legisladores de Colombia y Chile denunciaron a Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por violación de derechos humanos.
"La presión internacional por sí sola no va a lograr algo crucial, pero sí podría facilitar el desenlace de la crisis", pues la Constituyente tiene un costo "para los intereses económicos y políticos del gobierno", comentó a la AFP Mariano De Alba, experto en asuntos internacionales.
Según el analista, es posible que "las amenazas de la comunidad internacional convenzan al menos a ciertos grupos que sostienen al régimen de que lo más conveniente es buscar una salida negociada, pues ello sería mejor que perder abruptamente el control del país".
Venezuela declaró "non gratos" a los expresidentes Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), observadores del plebiscito y quienes abogaron por más presión internacional para detener la Constituyente.
Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aliado de Maduro, consideró como una "conspiración económica" la advertencia de Trump.
Alentada por el plebiscito, la oposición activó el lunes la "hora cero", una estrategia que combina un aumento de las protestas y la conformación de poderes estatales paralelos a los que asegura están al servicio del gobierno.
(AFP)
