La Comisión de Madres y Familiares (AMFA), creada a raíz de los encarcelamientos y posteriores juicios a los manifestantes del pasado 11 de julio en Cuba, ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sobre la “situación de los derechos humanos en Cuba” y las violaciones al Debido Proceso en los juicios contra los prisioneros políticos.
En la denuncia, dirigida a Tania Reneaum Panzi, secretaria Ejecutiva de la CIDH y canalizada a través del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), se hace énfasis en “los juicios sumarios, con penas que pueden oscilar entre 15, 25 o hasta 30 años de prisión”.
El documento expresa, además, una “mayor preocupación por los miles de jóvenes”, de ambos sexos que fueron encarcelados y sometidos a juicios sólo por salir a las calles pidiendo libertad.
De acuerdo con la denuncia, al no respetar la “Constitución”, que es “el escudo protector de la dignidad humana en la sociedad” contra desmanes tales como la “coerción penal en el uso de la fuerza estatal”, el régimen cubano está invalidado para hablar del “Estado de Derecho”.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Radio Martí que en la carta “Se le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una mayor atención hacia lo que está ocurriendo en Cuba en relación con los presos aún más detallados cómo fueron los juicios porque ya los familiares empiezan a narrar en torno a esto”.
La falta de garantías procesales para los enjuiciados debido a la ausencia de la posibilidad de gozar de una defensa justa e imparcial, convierte un acto democrático como la libertad de expresión y el derecho a la protesta en una acción criminal, alega AMFA, indicando que “lo único que se pretendía (con las protestas pacíficas) es una apertura democrática en una Cuba plagada de represión cotidiana”.
Cuba se encuentra entre los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debido a lo cual la Comisión de Madres y Familiares acude a “los instrumentos internacionales” que rigen dicha organización:
“Todo aquel que reclame del Estado la prestación de su servicio jurisdiccional", expresa, "o que se vea involucrado en una controversia llevada a cabo ante las instancias que lo conforman, debe gozar del “respeto a sus derechos humanos elementales” que han sido reconocidos como tales en instrumentos sobre derechos humanos internacionales":
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos
d) Declaración Universal de Derechos Humanos
En el documento-denuncia, se incluyen las violaciones cometidas contra los prisioneros políticos en Cuba, tanto en el “Debido Proceso” como las reiteradas infracciones de la Constitución de la República de Cuba de 2019 durante las detenciones, juicios y sanciones arbitrarias contra los manifestantes del 11J.
La carta esta firmada por 38 familiares de presos políticos, además, cuenta con la firma de Elena Larrinada de Luis, cubana exiliada en España, quien forma parte del CTDC.
