Si hay algo que marca el mes de septiembre en Cuba, sobre todo en La Habana, es la cantidad de multas que han impuestos las autoridades a los que violan de alguna manera las restricciones impuestas por la COVID-19.
Estas multas, según denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, son extremadamente altas y se convierten en una espada de Damocles sobre los infractores que pudieran ir a la cárcel por incumplimiento de pago.
Según dijo desde La Habana a Radio Martí la autora del informe, Martha Beatriz Roque Cabello, estas multas también llevan un componente especifico contra los disidentes.
"El Decreto 14 del gobernador de La Habana es bastante impreciso, porque fue algo que se hizo muy rápido, y sí menciona que no se puede estar en lugares públicos, sin embargo, hay personas que el portal de su casa han sido multadas (...). Hay algo en contra de los disidentes... para tratar de mortificarlos", aseguró.
De hecho, el informe muestra que en septiembre 60 disidentes fueron víctimas de multas, un número superior a agosto cuando se impusieron solo 23.
Las autoridades comenzaron el jueves a flexibilizar en la capital del país algunas de estas estrictas medidas para frenar la propagación del coronavirus, permitiendo el acceso a las playas y reuniones de hasta seis personas, además de levantar el toque de queda.
Otro número que preocupa a Roque Cabello es que, en el mes, seis activistas ingresaron a prisión. También el hecho de que los seis "hayan sido juzgados dos y cuatro estén pendientes de juicio", detalló.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca, en específico, las arbitrariedades que se cometen con los presos políticos Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras
También hace hincapié en el empeoramiento de la situación con la alimentación y sobre todo la salud publica en el país.
Destaca, además. que mientras que se mantenía el abuso policial contra ciudadanos de a pie, se incrementaba también la denuncia de los mismos a través de las redes sociales.
