Cinco países latinoamericanos y Canadá solicitaron este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
La petición de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra el gobierno de Nicolás Maduro, formalizada en el marco de la 73ra Asamblea General de la ONU en Nueva York, se basa en el uso de la fuerza y la violencia por parte del gobierno de Maduro para reprimir a la oposición, precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio.
Es la primera vez que un grupo de países miembros del tribunal con sede en La Haya, Holanda, han remitido a otro estado miembro a los fiscales de la CPI.
Al sumarse al grupo latimoamericano en la demanda, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau dijo este miércoles que la situación en ese país es catastrófica.
“Hay una crisis humanitaria en un país que fue en el pasado uno de los más prósperos”, señaló Trudeau en rueda de prensa antes de destacar que Canadá se unió a los esfuerzos de otros países para denunciar el “liderazgo fallido” de Venezuela y ayudar a los venezolanos.
“Vamos a usar todos los mecanismos que estén disponibles” dijo.
La petición al tribunal de Justicia internacional permanente donde se juzgan crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio se fundamenta en dos informes: uno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), que documenta ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El otro informe fue redactado por un grupo de expertos que designó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Dos especialistas que anlizan hoy la propuesta en el New York Times, Francisco José Quintana y Rodrigo Diamanti, señalan que "aunque la petición colectiva a la Corte no es un mecanismo para imponer una transición democrática en Venezuela, sí es una manera potencialmente efectiva de obligar al régimen venezolano a detener el exceso de violencia que, según el informe de los expertos internacionales independientes de la OEA, ha derivado en al menos 8292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015, entre otros crímenes".
[Con información de El Nacional, La Nación, Global News Canadá y New York Times]
