El hostigamiento y los arrestos de opositores continuaron durante el mes de mayo en Cuba pese al recogimiento a que obliga la pandemia, dijo el viernes desde La Habana la activista Martha Beatriz Roque Cabello al dar a conocer el informe mensual del Comité Cubano de Derechos Humanos (CCDH).
El informe documenta 73 detenciones, 78 casos de hostigamiento y 22 multas a activistas de la oposición pacífica.
“Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, continúa el hostigamiento general, las detenciones”, le dijo Roque Cabello al periodista de Radio Televisión Martí Amado Gil. “Y no solo con los opositores: se está viendo que también es con el pueblo”.
El mes de mayo se caracterizó por la aplicación de “medidas ejemplarizantes” contra ciudadanos detenidos al no poder explicar la procedencia de mercancías que tenían en su poder, subraya el documento. Además, el régimen muestra con énfasis esas detenciones en los noticieros de televisión.
Son hechos delictivos que la policía persigue, “según dicen, gracias a la colaboración del pueblo, lo que ha creado tensiones entre las personas que abastecen el mercado negro y ha aumentado los precios y disminuido el número de personas que se arriesgan a vender”, apunta el informe.
La idea es hacerle creer a la población que la escasez se debe al acaparamiento de unos pocos, dijo Roque Cabello.
En referencia a la situación de los presos políticos en las cárceles, destaca los atropellos cometidos contra la Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras.
La dictadura “se ensañó” con Nieto Muñoz, dice el texto de denuncia. “La trasladó de La Habana, su lugar de residencia, a Las Tunas; le robó en dos ocasiones las jabas de alimentos y aseo, y ahora para colmo la mantiene en celda de castigo y, como es lógico, sin poder comunicarse con su familia por teléfono”.
A sus 56 años, Portal Contreras sufre las secuelas de una isquemia cerebral que le dejó paralizado el lado izquierdo de su cuerpo. Aun así, fue víctima de una agresión a manos de la policía de la cárcel a raíz de que perdiera sus pertenencias, indica el reporte del CCDH.
“La Seguridad del Estado fue a ver a su esposa para que le preparara una jaba con lo que le quería mandar”, relata el documento. “Entre todo lo que le envió había un reloj de pulsera que no le entregaron y 20 nasobucos, de los cuales recibió siete”. Por ese motivo el 20 de mayo se enfrascó en una discusión con los guardias, y a consecuencia de la golpiza que le propinaron perdió la visión de un ojo.
“Como si fuera poco que le robaran y lo golpearan, le abrieron una causa por atentado y está pendiente de juicio; además, como castigo adicional le suspendieron las llamadas telefónicas por tres meses”, añade la denuncia.
El CCDH aclara también las circunstancias de una muerte antes reportada erróneamente: la de Sandy Fernández Ortiz, de 33 años, vecino de una comunidad rural en El Cristo, provincia de Santiago de Cuba, y preso en Mar Verde.
“Se dedicaba a trasladar del campo a la ciudad viandas y frutas para venderlas, y el Jefe de Sector le dijo que tenía que dejar de hacer eso y trabajar para el Estado, a lo que él no accedió y le aplicaron la peligrosidad predelictiva”, explica el informe. “Afeitándose se cortó una verruga que tenía en la cara y no se le dio la atención necesaria, por lo que cuando se puso muy mal, el 24 de mayo lo trasladaron al Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, y ese mismo día murió de una sepsis generalizada”.
Como parte del capítulo dedicado a las multas impuestas al amparo del Decreto Ley 370, el informe incluye un análisis del abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, según el cual ese decreto “es un vivo ejemplo de cómo la forma declarativa en que fue redactada la nueva y vigente Constitución permite a las autoridades vulnerarla, pues la Carta Magna carece en si misma de preceptos que garanticen su superior jerarquía y su inviolabilidad, por encima de cualquier norma jurídica inferior”.
En su ambigüedad, el Decreto-Ley 370 intencionalmente deja sin definir nociones claves como “información contraria a los fines del Estado, de la sociedad, la moral pública, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, y así permite que “agentes policiales y otras autoridades (algunas sin mucha preparación cultural ni política), justifiquen toda acción para reprimir o sancionar”, explica Ferrer Tamayo, citado por el CCDH.
En la entrevista con Amado Gil, la economista Roque Cabello califica de “caos” la crisis que sufren los cubanos.
“Las colas son enormes en cualquier lugar, la gente no respeta pandemia ni respeta nada, porque todo el mundo dice: entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia”, comenta Roque Cabello.
