El Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro (CREMERJ) ordenó una acción civil pública para impedir la contratación de médicos formados en el exterior, sin revalidación de título, para participar en el programa Más Médicos.
La acción judicial de CREMERJ responde a la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1) que autorizó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a reclutar galenos cubanos que integraban anteriormente ese programa, sin haber revalidado su título de médico en Brasil, explica una una nota publicada por el Consejo.
CREMERJ señaló que la decisión del Tribunal es arbitraria y pone en peligro la salud pública de la población.
“No podemos estar de acuerdo con una decisión arbitraria, que pone en riesgo la salud de la población. Esperamos que el Poder Judicial comprenda nuestra preocupación y estamos preparados para ofrecer todas las aclaraciones”, dijo el presidente del Consejo, Clovis Munhoz.
En la petición judicial, el Consejo alerta que, sin el certificado de reválida médica, no se podrá "aplicar sanciones en caso de violación del Código de Ética Médica, ni supervisar el ejercicio de la práctica médica" en el estado de Río de Janeiro. Ambas situaciones, añadió, "exponen directamente a la población y pueden causar daños en la calidad de la atención al paciente".
El Consejo recordó que la revalidación del título de médico en Brasil se realiza a través del examen "Reválida", a cargo del Ministerio de Educación, y que todos los profesionales, incluidos los brasileños, formados en medicina por universidades extranjeras, deben someterse a la revalidación del título.
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Este lunes, el TRF-1 autorizó la reincorporación al programa Más Médicos de los galenos cubanos que se quedaron en Brasil después de que el régimen de La Habana ordenó la retirada de su brigada y que posteriormente fueron contratados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
El tribunal ordenó al Ministerio de Salud Pública de Brasil que reincorpore a los profesionales cubanos al programa por un año más, y dio al gobierno un plazo de 10 días para presentar un plan ejecutivo para la recontratación.
En noviembre de 2018, el régimen de La Habana decidió romper el acuerdo con Brasil, establecido en 2013, bajo la presidencia de Dilma Rousseff, y ordenó la retirada de todo su personal de salud, luego que Jair Bolsonaro criticara las condiciones del acuerdo firmado con la mediación de Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Bolsonaro exigió que los profesionales cubanos recibieran íntegramente el salario que paga Brasil por sus servicios (los cubanos recibían sólo el 25 % de su salario en Brasil, y el resto era destinado al régimen de La Habana, salvo un 5% que se abonaba a la OPS); que pudieran llevar a Brasil a sus familiares de Cuba y que fueran sometidos al examen Reválida.
En diciembre de 2020, una ordenanza del Ministerio de Salud de Brasil estableció la reincorporación de más de 350 cubanos a Más Médicos y les otorgó un registro único para el ejercicio de la Medicina. El contrato de trabajo ofrecido a los galenos tenía dos años de duración y no era renovable.
El régimen cubano ha sido señalado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos por las "condiciones de esclavitud" en las que laboran los médicos cubanos en el exterior, como parte de las llamadas "misiones médicas".
En mayo de 2020, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo emplazó a la OPS a explicar "el destino de los $75 millones" de dólares que recaudó cuando negoció este programa entre Brasil y Cuba.
El gobierno de la isla ha sido criticado en varias ocasiones por EEUU por mantener políticas para beneficiarse de la exportación laboral, con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente con su programa de misiones médicas extranjeras.
Un informe presentado en agosto de 2022 por la Human Rights Foundation señala que el gobierno cubano "ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud mediante innumerables mecanismos coercitivos, que van desde desde amenazas de separación familiar y exilio forzoso hasta restricciones de movimiento y robo de salarios”.
Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España, ha presentado ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional una denuncia que recoge el testimonio de más de mil galenos y otros profesionales de la salud de la isla que han sido víctimas de esta situación. Según la organización, existen “más de 50.000 trabajadores cubanos en el exterior que sufren esclavitud cada día, en más de 60 países”.
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