Un informe oficial sobre la trata de personas en Cuba en el año 2021 revela la condena de 12 personas a penas de entre cinco y 20 años de cárcel por corrupción de menores y proxenetismo.
En los 10 casos juzgados por delitos típicos de este flagelo, ocho correspondieron a la modalidad de corrupción de menores, y se identificaron 10 víctimas, todas ellas niñas, señala el documento.
En uno de los casos, un hombre de Mayabeque fue condenado a 12 años de prisión por la explotación sexual de su hijastra, con quien mantenía relaxiones sexuales desde que era una niña, y a quien llegó a embarazar en dos ocasiones.
"Al cumplir 13 años la menor, el acusado entregaba la niña a varios hombres para que mantuvieran relaciones sexuales con la infanta a cambio de dinero", detalla el informe.
En Villa clara, una mujer fue sentenciada a 20 años de privación de libertad por la corrupción de su propia hija.
"La acusada era la madre de una menor, a quien obligó a realizar el comercio sexual con diferentes hombres de la localidad a cambio de obtener dividendos y otras prebendas de los mismos. Esto ocurrió entre los 10 y 14 años de la menor. Ante cualquier negativa de la menor, la acusada la golpeaba y le exigía satisfacer las apetencias sexuales de los clientes", señala el reporte.
El informe, publicado este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, menciona, además, un proceso de investigación abierto a empresarios cubanos y extranjeros por reclutar personal, en su gran mayoría mujeres, para trabajar en bares y centros nocturnos en Rusia, México, Nicaragua, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Chipre.
Según el documento, como resultado de la investigación "se brindó seguimiento a 3 extranjeros".
También señala el reporte que persisten en Cuba casos de ciudadanos extranjeros que interactúan con "jóvenes prostitutas a cambio de dádivas y recargas telefónicas", así como la promoción y venta online de videos e imágenes con contenido sexual producidos en la isla, cuyo pago se realiza "mediante transferencias bancarias desde el exterior e interior del país".
Sobre las denuncias de Estados Unidos y organizaciones internacionales de que el gobierno cubano incurre en trata de personas con sus programas de exportación de servicios médicos, el informe de Cuba respondió que los galenos son contratados en apego a la ley de los países receptores, y con el respaldo de las normas de Naciones Unidas.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders ha llevado el caso penal “Profesionales cubanos contra el gobierno de Cuba” a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Penal Internacional, basado en 1.111 testimonios de víctimas, que acusan al régimen cubano por esclavitud y trabajo forzado.
En Estados Unidos, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron en junio de 2021 el Proyecto de Ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021, que fortalecería las medidas para que el régimen cubano rindiera cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud.
Numerosas organizaciones han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, la libertad de circulación, y la libertad de expresión.
“El régimen totalitario ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud mediante innumerables mecanismos coercitivos, que van desde desde amenazas de separación familiar y exilio forzoso hasta restricciones de movimiento y robo de salarios”, concluyó un reciente informe de la Fundación de Derechos Humanos (HRF por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.
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