Cuba finalizó 2023 con 1.063 prisioneros políticos, un período “trágico” para los derechos humanos, con 194 nuevos casos y un promedio de más de 16 encarcelados cada mes, denunció la organización internacional Prisoners Defenders (PD).
“Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante, y en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial, 2023 ha sido un año para la desesperanza”, admitió Javier Larrondo, presidente de PD.
La organización criticó las “tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba”, por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega, “dignas de vergüenza para los europeos demócratas, y acogidas con desprecio por el régimen de La Habana”.
PD mencionó el intento diplomático del Vaticano para resolver la crisis de los presos políticos, que “ha sido también insuficiente, a la vista de los nulos resultados”.
“Y el tiempo pasa. Ya son dos años y medio en prisión para los manifestantes del 11J condenados, y sus familias siguen destrozadas por el dolor y la represión contra ellas, mientras ningún gobierno democrático del mundo, salvo el de Joe Biden, les da auténtica visibilidad”, afirma la organización.
Los detenidos siendo menores de edad, y que permanecen encarcelados, suman 31 varones y 3 hembras. De acuerdo con los datos aportados, 28 de ellos cumplen sentencia y seis continúan en el proceso penal.
Solo en diciembre, cinco nuevos ciudadanos cubanos entraron en la lista de presos por motivos políticos, mientras salieron cuatro, tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000, si se suman además unos 11.000 civiles, no pertenecientes a organizaciones opositoras, encarcelados con condenas “pre-delictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa”.
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