Las autoridades del régimen de La Habana acaban de lanzar un ultimátum a los cubanos que ni estudian ni trabajan culpándolos de la crisis que asola al país.
“Los cubanos no quieren trabajar porque no pueden vivir del salario y el gobierno quiere obligar, sobre todo a los jóvenes, a que trabajen. Esta no es la primera vez que ocurre eso. Cada vez que le falta mano de obra acuden a esos mecanismos que son anticonstitucionales, sencillamente. En estos momentos, la situación es peor porque ya la gente no cree, la gente ha perdido el miedo, los jóvenes se quieren ir”, dijo a Martí Noticias el politólogo Dimas Castellanos.
“No hay aquí una sola actividad que esté completa la plantilla. No quieren trabajar y no van a trabajar, hagan lo que hagan [las autoridades]. Eso es el resultado, lo demás es seguir llenando las cárceles de gente, juicios, condenas, pero la solución no saldrá hasta que no se acometan las reformas estructurales que tiene que acometer el país y se recuperen las libertades que los cubanos perdimos”, agregó.
Al respecto Simon Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), explicó al medio especializado Bloomberg que la mengua de la fuerza de trabajo en Cuba se acentúa con el decrecimiento de la población por la baja tasa de fecundidad y de migración.
En junio de 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), basándose en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación 2022, alertó sobre el peligro de que “en un período relativamente corto” descenderá, sensiblemente, la fuerza laboral y por lo tanto se dificultará la posibilidad de reemplazo de aquellas personas que salen de la Población Económicamente Activa.
Entre los ciudadanos que estarán en la mirilla de la policía, según el coronel Rogelio Luis Lazo, jefe del Órgano Especializado de Investigación y Proceso de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), están los que no justifican de forma lícita sus ingresos, así como los “proclives” a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social.
Añadió que descubrir a esas personas es atribución de las “organizaciones de masas” y de los propios ciudadanos, a los que exhortó a pasarle la “información al jefe de sector, al representante del Partido Comunista, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres de Cuba".
Para el Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, estas amenazas "parecen indicar que el régimen se prepara para dar una ola represiva contra quienes no trabajan por distintas razones, justificadas o no. Es preocupante lo que estamos esperando con este anuncio”.
El líder sindical detalló que la precariedad laboral es uno de los factores principales por el que los cubanos no buscan empleos porque sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo.
“Los salarios que no alcanzan para vivir, es el motivo más importante por el cual las personas no desean trabajar en puestos de trabajo estatales, pero también está la inseguridad en el empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad en el trabajo que han dado lugar a decenas de cientos de accidentes de trabajo y más de medio centenar de fallecidos. Los despidos injustificados por motivos de opinión, el deseo de emigrar y la ausencia de negociación colectiva”, señaló Hernández Carrillo.
Para llenar el vacío de fuerza laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organiza unas “Ferias de Empleo” en las que reciben a todo aquel que se acerque en busca de un empleo.
Sobre ello, el economista Orlando Freyre Santana, precisó a nuestra redacción que las “Ferias de Empleo” tienen pobres resultados, “porque el incentivo de los salarios no existe cuando lo que gana un obrero se va entre un cartón de huevos y un paquete de pollos”.
Recientemente la presidenta de Sala del Tribunal Supremo, Ileana Gómez Guerra, expuso en el programa televisivo "Haciendo Cuba" que si una persona que no trabaja o estudia tiene además una "conducta desajustada", puede ser controlada por la policía, que la advertirá para que busque empleo o reinicie estudios. Si desoye las advertencias puede incurrir en el delito de "desobediencia", que estipula penas de privación de libertad de seis meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.
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