La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) denunció ante el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba, provocada por el Decreto-Ley 370.
Además, solicitó a la ONU "un tratamiento urgente", debido a los "efectos irreversibles sobre derechos, estabilidad emocional y psíquica de personas y familias".
"Presentamos 23 víctimas de sanciones pecuniarias severas forzosas, que llevan irremisiblemente, en la economía de un cubano de a pie normal, a la prisión por el artículo 170.1 del Código Penal de Cuba, y 10 víctimas más de gravísimas amenazas y coacciones", precisó Javier Larrondo, presidente de CPD.
La demanda ante la ONU plantea que "miles de civiles, funcionarios, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes en la isla" son víctimas del Decreto 370.
"Resulta obvio que esta tendencia represiva podrá alcanzar a muchos miles personas en los próximos meses/años, si no se paraliza la descrita represión gubernamental y el gobierno no recibe la presión de realizar cambios que sean compatibles con los derechos humanos fundamentales, respecto a la libertad de expresión y de opinión, entre otras", añadió Larrondo.
En Madrid, durante la presentación de la denuncia, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó que en Cuba no se haya producido un cambio, a pesar del acuerdo entre Bruselas y La Habana, y cuestionó el papel de la Unión Europea.
"La respuesta de la UE ha sido muy floja. No se han utilizado las herramientas del acuerdo (entre la UE y Cuba) para responder a estas violaciones. Desgraciadamente, no se ha producido un cambio positivo en Cuba. Peor aún, hemos visto una ola de represión con el nuevo decreto-ley", expuso la eurodiputada.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nart comparó el Decreto 370 con otros procedimientos totalitarios, porque, según dijo, definen el interés social como el interés del Estado: "Esto es exactamente lo que decía Adolfo Hitler, o Mussolini, Stalin o Franco. Todos son exactamente iguales. Es la configuración del interés social subjetivado en quien tiene inscrito el país en el registro de la propiedad".
Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, multada por el decreto, y Amaury Pacheco, artista independiente y miembro del Movimiento San Isidro, denunciaron la represión en primera persona.
"Los hechos vienen ocurriendo con mayor fuerza desde enero del actual año. Sin embargo, es a finales de marzo y abril de 2020 cuando se han sistematizado y generalizado de forma más masiva", añadió Larrondo.
