El activista Adriano Castañeda Meneses fue detenido y trasladado a una dependencia policial de la provincia de Sancti Spíritus el viernes, donde le fue impuesta una multa de 3.000 pesos, según el Decreto-Ley 370, le fue decomisado su teléfono móvil y cancelada su línea telefónica.
De la multa y el decomiso del teléfono, "que yo había comprado de forma legal", se encargaron tres inspectores de la estatal Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) en Sancti Spíritus", declaró a Radio Televisión Martí Castañeda Meneses, quien es miembro del consejo de coordinadores del Foro Antitotalitario Unido (FANTU).
"Los inspectores de ETECSA traían unos impresos de mis publicaciones en Facebook y luego de mostrármelas y decir que había incurrido las disposiciones del Decreto 370, procedieron a multarme y se retiraron", relató.
Agregó que luego los oficiales de la Seguridad del Estado le formularon amenazas y advertencias por publicar en su perfil de Facebook, así como "compartir " y dar "me gusta" a publicaciones de otros en esa red social donde se expresaban críticas al régimen.
"Los oficiales dijeron que con mis acciones en las redes sociales, yo estaba ofendiendo a la revolución y a sus dirigentes", aseguró.
El pasado 21 de mayo, Castañeda publicó en su página de Facebook un "post" titulado "Predicando la moral en calzoncillos", en el que muestra el momento en que le imponen una multa a un ciudadano por no tener mascarilla mientras que, a escasos metros del lugar, varios policías se quitan la protección para poder fumar.
El pasado mes de abril, el activista fue amenazado por la Seguridad del Estado con que se le aplicaría el Decreto 370 si continuaba haciendo publicaciones críticas al régimen y seguía participando en programas de radio para opinar sobre los problemas del país.
El opositor aseguró que nunca dejó de expresar sus puntos de vista, ni de publicar fotos que muestran su entorno y al parecer este último "´post´ fue la gota que derramó la copa y por eso procedieron contra mí".
El Decreto 370 entró en vigor en julio de 2019 y en enero de 2020 comenzó a ser usado para censurar la diseminación de informaciones que el régimen considerada dañinas a la imagen del país.
En lo que va de año, más de una decena de periodistas independientes, artistas, miembros de la sociedad civil y activistas de derechos humanos en la isla han sido multados al amparo de esa disposición legal.
