Los más de 130.000 ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a retornar a Venezuela debido a la pandemia de COVID-19 sobreviven en condiciones deplorables en los Puntos de Atención Social o Integral (PASI), centros de confinamiento por cuarentena a donde son enviados una vez retornan a su país natal, de acuerdo con el informe conjunto elaborado por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
En el informe, dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina que integran el llamado Proceso de Quito, quienes sostendrán su próximo encuentro “en línea” el próximo 19 de octubre y a los cuales, los miembros de la comisión conjunta piden “abordar con urgencia la situación de los retornados”.
Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional,
Los miles de venezolanos que se han visto obligados a regresar a su país natal por el impacto económico causado por el coronavirus en las economías de la región, lo cual les impidió pagar alquileres y alimentos, se encuentran, explican HRW y CSH Johns Hopkins “en condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se les obliga a cumplir la cuarentena, con escasos alimentos, agua o atención médica”, y muchas veces deben permanecer semanas adicionales en dichos centros a causa de la demora de los resultados de las pruebas de COVID-19, “y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”, añade el artículo de HRW.
“Enviar retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19”, aseguró la Dra. Kathleen Page, medico y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los CSH de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días, no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, agregó la Dra. Page.
El Proceso de Quito fue creado por los gobiernos latinoamericanos en 2018 con el propósito de buscar una respuesta conjunta al masivo éxodo de venezolanos que, desde 2014, había ascendido a más de 5 millones de personas desplazadas a causa de las crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos que afronta el país por lo cual, HRW sugiere a los ministros de Relaciones Exteriores:
El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla
“Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios” Y, además, sugiere HRW, “Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas, como la cuarentena domiciliaria, cuando sea viable”.
De acuerdo con lo expresado en el artículo, el trato degradante e inhumano proporcionado a los que regresa a su país, el gobierno de Venezuela viola el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes”.
Refiriéndose a la “hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos”, HRW señala que solicitó información al gobierno, del cual, hasta el momento de presentado el reporte, no había recibido respuesta.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo, refiriéndose a la situación “Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de contagiarse con COVID-19 en ambos lados de la frontera. El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla”.
(Redactado con información de Human Rights Watch.) (Interesados en leer Declaración de Estados miembros del Proceso de Quito, hacer click aquí.)
