A lo largo de 2022, el gobierno cubano continuó controlando estrictamente la actividad religiosa, utilizando muchas de las mismas tácticas represivas que en años anteriores, como la vigilancia, acoso a líderes religiosos y laicos, exilio forzoso, multas y malos tratos a los presos religiosos de conciencia, señaló la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).
En su informe sobre las condiciones de libertad religiosa en la isla en el año que termina, USCIRF recordó que en Cuba "los grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables, ya que la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito".
El régimen cubano controla las instituciones religiosas a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (ORA), y la ley establecida exige su registro al Ministerio de Justicia.
"La ORA ejerce un control directo y arbitrario sobre los asuntos de las organizaciones religiosas registradas, y requiere permiso para prácticamente cualquier actividad que no sean los servicios de culto habituales", explica USCIRF en el reporte.
Los líderes y grupos religiosos que no están registrados o realizan actividades religiosas no autorizadas enfrentaron una opresión implacable de la ORA y las fuerzas de Seguridad del Estado durante todo el año, subraya la entidad federal, establecida por el Congreso estadounidense para monitorear, analizar e informar sobre la libertad religiosa en el extranjero.
En julio pasado, USCIRF destacó las implicaciones para la libertad religiosa que trajo consigo la nueva Constitución de Cuba, aprobada en el referendo de 2019.
A principios de diciembre, el Departamento de Estado de EEUU designó a Cuba como un país de especial preocupación por cometer violaciones sistemáticas de la libertad religiosa.
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