La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomendó que Cuba permanezca en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado, según su informe 2022.
La Comisión señaló que la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida en 2021. “El gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia, el hostigamiento, y la interpretación ad hoc de las legislaciones para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa”.
“Hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esta lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua, por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos, de la actividad religiosa en Cuba, la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado y la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el año 2021”, dijo la comisionada Anurima Bhargava a una pregunta de Radio Televisión Martí.
Asimismo, añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes, y la implementación de las mismas, restringen la libertad religiosa en Cuba.
El informe señala que las autoridades respondieron a las manifestaciones del 11 de julio del 2021 deteniendo, a menudo violentamente, a unos 700 manifestantes y activistas, entre ellos líderes religiosos.
“Entre los detenidos había varios líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas. Por ejemplo, el pastor José Álvarez Devesa fue golpeado por policías en Camagüey y liberado al día siguiente. Al final del año, un número desconocido de manifestantes, incluidos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas, permanecieron detenidos, desaparecidos y bajo arresto domiciliario”, dice el documento.
El reporte cita también el caso del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, de la Iglesia Independiente Monte de Sion, quien participó en las protestas del 11 de julio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, y fue detenido ese día.
"En los meses posteriores a su detención, Rosales Fajardo soportó palizas, trato degradante por parte de los guardias penitenciarios y la negación de contacto familiar. El gobierno buscó imponer una sentencia de 10 años y lo juzgó en diciembre por los cargos de “falta de respeto”, “agresión”, “incitación al delito” y “desorden público”, detalla.
La violenta detención del religioso a manos de agentes "boinas negras" de la Brigada Especial Nacional (BEN) del Ministerio del Interior y de la policía quedó registrada en video y fotografías. El pastor santiaguero fue condenado a ocho años de prisión, según un documento enviado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Tribunal Municipal de Palma Soriano había ratificado en diciembre la petición fiscal de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de “Atentado”, “Instigación a delinquir” y “Desacato”.
El informe recuerda que cuatro meses después, un grupo de artistas y activistas conocido como Archipiélago planeó otra marcha pacífica a nivel nacional para el 15 de noviembre.
“En las semanas previas a la protesta, la organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Internacional recibió más de 30 denuncias sobre autoridades que tomaron medidas contra líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. La policía emitió citaciones e interrogó a líderes religiosos sobre su conexión con la protesta planeada, o les advirtió de no a participar en la protesta bajo amenaza de arresto”, dice el reporte.
Añade que, como resultado de la represión gubernamental de religiosos y líderes comunitarios laicos antes del 15 de noviembre, las protestas no se llevaron a cabo como estaba previsto.
El informe sobre libertad religiosa indica, además, que la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba (ORA), continuó su aplicación represiva de las restricciones religiosas.
“La Ley de Asociaciones requiere que las organizaciones religiosas soliciten el registro al Ministerio de Justicia, donde se encuentra ORA. A pesar de los criterios existentes, las decisiones de registro suelen ser arbitraries y discriminatorias”, apunta el informe.
Señala también que los integrantes de grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables, ya que su membresía o asociación con un grupo religioso no inscrito es un delito.
La Comisión menciona, además, que a un mes de las protestas de julio el gobierno cubano promulgó una nueva ley de telecomunicaciones, el Decreto-Ley 35, que restringe severamente libertad de expresión en línea y amenaza la libertad religiosa.
La Comisión recomienda al gobierno estadounidense que mantenga a Cuba en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado por participar en, o tolerar, graves violaciones de las normas de libertad religiosa, conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, IRFA.
También recomienda que se impongan sanciones dirigidas a las agencias gubernamentales cubanas y funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos religiosos, incluyendo a Caridad Diego, jefa de la ORA.
Asimismo, se recomienda alentar a las autoridades cubanas a extender una invitación oficial para visitas sin restricciones de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el Embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias.
El reporte subraya que el Congreso de los Estados Unidos debería apoyar una legislación para exigir sanciones contra funcionarios cubanos responsables de graves violaciones de la libertad religiosa.
