El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel negó este sábado la ola represiva desatada bajo sus órdenes para contener las protestas del 11 de julio en la isla, y las severas condenas contra menores de edad y otros manifestantes.
En una entrevista radial con el politólogo argentino Atilio Borón, durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, Díaz-Canel calificó de racionales las sentencias contra menores de 16 y 17 años y desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a ningún ciudadano por criticar al gobierno.
"Es mentira que haya alguien preso por debajo de 16 años" en Cuba, y las condenas a menores de 16 y 17 años han sido realizadas con "suma racionalidad judicial", aseveró el gobernante.
En marzo pasado, el Tribunal Provincial de la Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme contra seis menores que habían sido juzgados en febrero por su participación en las protestas del 11J en la esquina de Toyo y la Calzada de 10 de Octubre.
Kendry Miranda Cárdenas (17), al que el fiscal había solicitado 10 años, fue sentenciado a 19 años de cárcel; Rowland Jesús Castillo Castro, con petición de 12 años, sentenciado a 18 años de prisión; Lázaro Noel Urgellés, a quien le pidieron en el juicio 10 años y recibió sentencia de 14 años; Brandon David Becerra Curbelo, con petición de 5 años de privación de libertad sin internamiento y sentenciado a 13 años de cárcel; Giuseppe Belaunzarán Guada, petición de ocho años y sentenciado a 10 años, y Brayan Piloto Pupo, a quien la fiscalía pidió en el juicio 8 años y recibió 13 años de condena.
Otro menor, Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad, tiene una petición fiscal de ocho años. Su madre ha denunciado el hostigamiento de que es víctima en prisión por parte de sus carceleros.
Según cifras oficiales, un total de 790 personas habían sido procesadas en relación con las protestas del 11 de julio; de ellos, 55 menores de 18 años. Otros 27 niños menores de 16 años fueron sometidos al "procedimiento legal establecido"; de ellos, 10 fueron internados en escuelas de conducta y al resto se les aplicó "la medida de atención individualizada" en su propia escuela.
Un reporte reciente de la organización defensora de los derechos humanos Prisoners Defenders, señala que al menos 891 personas permanecen encarceladas por su participación en las protestas del 11J, y al menos 26 adolescentes de entre 14 y 17 años han sido objeto de algún tipo de medida legal por igual motivo.
En su versión de los hechos, Díaz-Canel reiteró que sólo se ha enjuiciado a los que cometieron "delitos violentos", y aseguró que en Cuba "no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución".
"Eso es una mentira", afirmó el gobernante.
La mayoría de los condenados en Cuba por su participación en las protestas del 11 de julio fueron acusados del delito de "desórdenes públicos" por gritar consignas antigubernamentales, entre la que los documentos judiciales mencionan [sic] "policías singaos, abajo Díaz-Canel, Díaz-Canel singao, tenemos hambre, abajo la dictadura y Patria y Vida".
En la entrevista con Borón, el gobernante cubano dijo, además, que el gobierno actuó sólo contra "una mínima cantidad" de las personas que se manifestaron el 11 de julio, dejando entrever el carácter multitudinario de las mismas.
Según Díaz-Canel, los juicios contra los manifestantes del 11J "se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley, con todas las garantías y con total limpieza y transparencia".
Organizaciones internacionales han criticado la manera en que se han conducido las detenciones y juicios contra los manifestantes. Amnistía Internacional ha solicitado al régimen cubano que permita a sus observadores entrar al país para constatar el cumplimiento del debido proceso en los juicios y las condiciones de los centros penitenciarios, pero la petición no ha recibido respuesta.
