Estados Unidos sancionó este jueves a tres ciudadanos nicaragüenses, Francisco López, Fidel Moreno y Francisco Díaz, por estar involucrados en graves abusos contra los derechos humanos y en actos de corrupción.
Las sanciones, basadas en la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, ocurren en medio de la grave crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, por la que más de 300 personas han fallecido, incluidos 25 menores de edad, y más 150 se encuentran desaparecidas.
La crisis estalló el pasado 18 de abril y desde entonces los nicaragüenses han protagonizado una serie de protestas cívicas en contra del Gobierno en varias ciudades, la mayoría en Managua, capital del país centroamericano.
“Hoy, el gobierno de Estados Unidos sancionó a tres personas de Nicaragua que han estado involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción. Como resultado de las acciones de hoy, quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU”, dijo este jueves el Departamento de Estado.
La Ley Magnitsky prohíbe a los estadounidenses “realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas”.
Los sancionados
En declaración oficial, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, ha aportado datos sobre los motivos por los que estos ciudadanos han sido sancionados.
“Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madriz, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
La nota precisa que Fidel Antonio Moreno Briones, “ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense”.
José Francisco López Centeno, vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante FSLN, “ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”, asegura el comunicado.
Las víctimas de la crisis
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) ha denunciado hasta el momento 309 personas fallecidas y otras 158 que se encuentran desaparecidas debido a la represión gubernamental desde que en abril pasado se desataron las manifestaciones.
Según la organización, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene “operaciones fuera del marco de la ley, de grupos armados paramilitares y de choque (fuerzas combinadas), ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario", publicó el periódico Excélsior.
La ANPDH precisa que las víctimas son 292 hombres y 17 mujeres, la mayoría jóvenes, ya que 122 fallecidos tenían entre 18 y 30 años, otros 54 tenían de 31 a 40 años, 27 tenían de 41 a 50 años, 25 eran niños o adolescentes, 16 tenían entre 51 y 60 años, ocho tenían de 62 a 80, una era mayor de 81 años, mientras que 56 no han sido identificados.
Alrededor de 253 personas murieron por armas de fuego, de los que 70 recibieron balazos en la cabeza, 10 en el cuello, 47 en el tórax, 19 en el abdomen, 10 en la espalda y 97 en otras zonas delicadas del cuerpo. Mientras que 8 fallecieron por agresiones con armas blancas, 2 con impactos de morteros y 46 por otras condiciones, señaló Álvaro Leiva, secretario general de ANPDH, en el rotativo mexicano.
Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), han responsabilizado al gobierno nicaragüense por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los ciudadanos de ese país.
“Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, denunció la ACNUHD. Sin embargo las autoridades nicaragüenses no han aceptado su responsabilidad.
La posición de EEUU
“El anuncio de las sanciones de hoy, más anteriores y continuadas revocaciones de visas, demuestra que Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo. Estas acciones deben terminar”, expresó el Departamento de Estado.
En su declaración de este jueves, EEUU se comprometió en apoyar “los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del acuerdo de Diálogo Nacional sobre derechos humanos del 15 de junio como un componente fundamental”.
“Estados Unidos también apoya la petición de elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos medidas adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen”, concluye la declaración.
Esta medida, que se le impuso en diciembre pasado a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), tiene serios efectos económicos y migratorios.
El pasado sábado, durante la Marcha de las Flores, en recordación a los niños asesinados en los últimos días, se perpetró otro ataque con armas de fuego contra civiles, donde falleció una persona y una decena sufrió heridas de balas.
Para el próximo sábado se ha convocado a una nueva marcha en Managua, con el objetivo de demandar el término de la represión contra el pueblo y adelantar las elecciones en ese país. Los organizadores han pedido a los nicaragüenses trascender el miedo y sumarse a la marcha.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, aprobada por el Congreso en 2016, le permite al Gobierno de EEUU imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo implicados en abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.
Esta ley se inspiró en la Ley Magnitsky, de 2012, que sólo se ocupaba de sancionar a ciudadanos rusos, particularmente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, implicados en la muerte del contador público Sergei Magnitsky, fallecido en una cárcel rusa en 2009, quien habría investigado un supuesto fraude fiscal realizado por el gobierno de su país.
(Con información del Departamento de Estado, la ACNUHD y el Excélsior)
