El juez federal Sergio Moro, anunciado el pasado jueves como ministro de Justicia del Gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que su designación para el cargo no tiene nada que ver con su papel como el magistrado que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Esto no tiene nada que ver con Lula. Él fue condenado y preso porque cometió un crimen y no por las elecciones", afirmó en una rueda de prensa el juez responsable en primera instancia por la Lava Jato, la operación que destapó una gigantesca red de desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Según Moro, un símbolo de la lucha contra la corrupción, pese a que fue el primer juez que condenó a Lula, esa decisión fue confirmada por tres diferentes magistrados de un tribunal superior, que fueron los que autorizaron el encarcelamiento del expresidente.
Moro salió así al paso a las acusaciones del Partido de los Trabajadores (PT) según las cuales su nombramiento fue una compensación por el favor que le hizo a Bolsonaro de dejar por fuera de la disputa electoral a Lula, quien lideraba todas las encuestas de intención de voto para las elecciones antes de ser inhabilitado por su condición de preso y condenado en segunda instancia.
"Lo que ocurrió fue que una persona, lamentablemente, cometió un crimen, lo que fue comprobado, y está respondiendo por ese comportamiento", aseguró al aclarar que condenó a Lula por considerar como probado que recibió sobornos por favorecer a una empresa que se benefició de los desvíos en Petrobras.
Moro dijo que condenó a decenas de políticos de diversos partidos, incluso a adversarios del PT y del propio Lula como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
"Pese a que algunos interpretan el nombramiento como una recompensa, mi decisión (de condenar a Lula) es de 2017, cuando no había ninguna expectativa de que el entonces diputado (Bolsonaro) fuese elegido presidente", dijo.
Aseguró que, así como no lo hizo como juez, no pretende hacer uso del Ministerio para promover "persecuciones políticas". "Durante el juicio las personas fueron condenadas con base en pruebas y no por persecución política, y no sería ahora que haría eso", dijo.
"No pueden dejarme atado por una fantasía de que estoy promoviendo una persecución política", dijo.
Agregó que, fuera de un encuentro casual en un aeropuerto, nunca tuvo contacto con el diputado ultraderechista y que, tan sólo una semana antes de las elecciones, uno de los auxiliares de Bolsonaro lo sondeó sobre la posibilidad de asumir el Ministerio.
"Le dije que sólo podría tratar de eso después de las elecciones, en caso de recibir una invitación formal y si sus propuestas fuesen aceptadas por el presidente electo. El 1 de noviembre conversamos más largamente sobre los proyectos, mi impresión fue muy positiva y vi que era una persona bastante ponderada", dijo.
"Acepté la invitación por considerar que teníamos convergencias importantes, especialmente en la agenda anticorrupción y anticrimen organizado, y le dejé claro que todo sería realizado con base en la Constitución, en las leyes y en los derechos fundamentales", afirmó al indicar que su aceptación, como juez, deshace los temores infundados de que Bolsonaro pueda actuar de forma autoritaria.
Moro dijo que, en su opinión, como ministro, asumirá un cargo eminentemente técnico y no político, aunque en el ejercicio de la función tenga que hacer política para negociar con el Congreso.
"No considero que contraríe la afirmación que hice meses atrás de que jamás entraría en la política. Voy a hacer un trabajo técnico. No tengo intención de disputar cargos electivos", sostuvo.
Aseguró que su intención como ministro es presentar una serie de proyectos de ley para perfeccionar la legislación contra la corrupción y la criminalidad, y que aprovechará propuestas ya elaboradas por organizaciones como Transparencia Internacional.
"Queremos presentar una serie de propuestas simples que puedan ser rápidamente aprobadas por el Congreso", señaló.
Entre las propuestas que dijo estar analizando citó la prohibición de que un condenado pueda recibir beneficios si tiene vínculos a una organización criminal, una regulación más clara para las operaciones con policías infiltrados en el crimen y una legislación que proteja a los denunciantes anónimos.
Dijo que a nivel Ejecutivo puede impulsar iniciativas como la creación de grupos especiales de policías y fiscales para combatir el crimen organizado, el control de las comunicaciones de los presos e inversiones en tecnología para que Brasil cuenta, por ejemplo, con un ambicioso banco de perfiles genéticos que ayude en la investigación de crímenes.
[agencia EFE]
