El segundo juicio contra el exministro de Economía y exviceprimer ministro cubano Alejandro Gil Fernández sería “inminente” y volverá a celebrarse a puertas cerradas, en un clima de hermetismo similar al que rodeó el proceso de espionaje concluido hace apenas dos semanas.
Así lo confirmó desde España su hermana, la abogada y expresentadora de la televisión cubana María Victoria Gil, en una entrevista con Martí Noticias. “Mi fuente me ha dicho que el juicio es inminente, posiblemente esta misma semana”, aseguró.
La familia insiste en que el régimen separó artificialmente las causas para controlar la narrativa y minimizar el impacto político de un caso que, según la propia hermana del exministro, “involucra a gente muy importante y puede destapar muchas interioridades del poder”.
Un juicio inevitablemente cerrado
La familia de Gil había solicitado que la vista oral fuese pública, pero María Victoria lo ve prácticamente imposible.
“Es muy poco probable que lo hagan a puertas abiertas. Mi hermano sabe demasiado. Desde el primer día dijo que quería hablar, y por supuesto, lo van a silenciar”, advirtió.
Su lectura coincide con la del entorno jurídico consultado: el régimen no permitirá que un exministro con acceso a información sensible exponga tensiones internas, contradicciones o redes económicas de la élite cubana.
El juicio, como el primero, se desarrollará previsiblemente con fuerte presencia de la Seguridad del Estado, sin acceso para la prensa y sin comunicación oficial del Tribunal Supremo Popular, que hasta el momento no ha informado si el primer proceso quedó visto para sentencia.
Los delitos económicos provienen de una etapa previa a su ascenso político
Según confirmó María Victoria Gil, los otros diez delitos que el régimen atribuye a su hermano —incluidos malversación, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias— corresponden a la época en que Alejandro Gil se desempeñó como gerente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido.
En ese tiempo, vivía en Londres con su esposa y dos hijos pequeños y viajaba a Cuba cada seis meses. Su hermana reconoce que disfrutó de lujos propios de ejecutivos con acceso a fondos internacionales: una membresía en un club exclusivo de Miramar y un auto de alta gama pagado por la empresa británica.
Sin embargo, afirma que esta vida acomodada formaba parte del engranaje empresarial del Estado cubano para mover capitales en el extranjero, y no de una red criminal personal, como pretende demostrar la Fiscalía.
30 años por corrupción; cadena perpetua por espionaje
Aunque la petición fiscal no se ha hecho pública, María Victoria asegura que el régimen buscaría una condena de 30 años en el segundo juicio, mientras que en el primero —celebrado entre el 11 y el 13 de noviembre— la fiscalía habría solicitado cadena perpetua por presunto espionaje a favor de la CIA.
La hermana del exministro insiste en que la acusación de espionaje es “totalmente falsa”, pero añade un matiz revelador: “Prefiero pensar que mi hermano fue captado por la CIA a creer que fue un servidor fiel del régimen que ahora lo destruye”.
Durante la vista de noviembre, según asegura, la defensa rebatió punto por punto las acusaciones, y Gil negó rotundamente haber trabajado para una potencia extranjera.
Un caso político en el peor momento del país
El doble juicio contra Alejandro Gil se desarrolla en medio de apagones históricos, crisis de abastecimiento, protestas locales y deterioro económico sin precedentes. Para sectores de la sociedad, Gil es responsable del traumático “ordenamiento”, pero para su familia —y para analistas— el exministro es hoy un chivo expiatorio útil para desviar la frustración popular.
María Victoria sostiene que la cúpula busca silenciarlo para evitar que revele tensiones entre militares, tecnócratas y dirigentes, especialmente en temas como las mipymes y las pugnas internas entre Manuel Marrero, el monopolio militar GAESA y sectores del Partido Comunista.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo Popular no ha dado señales de si ha concluido la fase de análisis del primer juicio, ni cuándo podría emitir sentencia. Tampoco ha anunciado fecha para el segundo proceso.
El caso se maneja con un nivel de secretismo que revela no solo la gravedad del expediente, sino el temor del régimen cubano a que se conozcan las interioridades de una de las mayores crisis políticas internas de los últimos años.
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