Las autoridades de la cárcel Mar Verde, en Santiago de Cuba, con la aquiescencia de la Seguridad del Estado, permitieron una breve visita este lunes al preso político José Daniel Ferrer, a quien su esposa, Nelva Ismaray Ortega, no veía desde noviembre del año pasado.
Aunque desde marzo de 2023 las autoridades venían negando a Ferrer la comunicación por teléfono y en persona, su esposa se presentó en el establecimiento penitenciario para demandar el cumplimiento de la visita reglamentada para esa fecha.
Tras varias dilaciones, los mandos del penal llevaron a la mujer al pasillo que conduce a la celda donde permanece aislado el preso político. Lo sacaron y el matrimonio pudo conversar, narró Ortega en un audio al que Martí Noticias tuvo acceso.
“Se ha recuperado. Me refirió que en el momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle, el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras cinco días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político, Fernando González Vaillant. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil”.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), aseguró a su esposa que no ha sido golpeado, pero los agentes de la Seguridad del Estado continúan proponiéndole que acepte el destierro a cambio de su libertad.
“Si no, tiene que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los 17 años de cuando la Primavera Negra”, dijo Ortega.
La legislación cubana establece que una vez concedida la licencia extrapenal a un recluso, “se cuenta a los efectos del cumplimiento del tiempo de esa sanción”.
“Si la persona permanece cinco años de licencia extrapenal, son cinco años que cumplió de esa sanción”, explicó en una entrevista anterior con Martí Noticias el abogado Julio Ferrer.
Según Ortega, los agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Ferrer con hacerlo cumplir “todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a la calle, el 11 de julio del 2021, cuando lo secuestraron”.
El líder de UNPACU fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003 en la isla, conocida como la Primavera Negra de Cuba. En 2011, fue liberado, como el resto de sus compañeros de causa, bajo una licencia extrapenal.
El líder opositor fue puesto nuevamente tras las rejas en octubre de 2019, y luego enjuiciado, declarado culpable y condenado por el delito de “lesiones” a cuatro años y medio de reclusión. En abril de 2020, Ferrer salió en arresto domiciliario.
Al respecto, el preso político alertó que este lunes, 1 de abril, se cumplió la "sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio”, en la causa de 2020, junto a Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, quienes “ya están pasados de tiempo, y aún están presos”.
El 11 de julio de 2021, Ferrer fue devuelto a la prisión cuando trató de incorporarse a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria que cumplía de la sanción impuesta en 2020.
Además, el opositor preso recalcó que “las condiciones inhumanas, crueles y degradantes de la prisión se mantienen y que agradece a “todas aquellas personas que, de una forma u otra, están pendientes de su situación”.
Del mismo modo, Ortega ha sido víctima de numerosas represalias por la denuncia constante de las condiciones de reclusión y el injusto encierro de su esposo.
La semana pasada, el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Amnistía Internacional exigieron al régimen de La Habana la liberación inmediata de José Daniel Ferrer.
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