Familiares de presos por el 11 J denunciaron este lunes a Radio Televisión Martí que la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra ha aumentado en los últimos días, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones en redes sociales sobre la situación de sus seres queridos encarcelados.
El viernes fue detenida en una cola en la tienda El Rápido, en Mantilla, Arroyo Naranjo, y enviada a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde fue multada con 2 mil pesos por el delito de propagación de epidemias y tres mil por desacato, Yalia Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que cumple 21 años de condena por su participación en las manifestaciones del 11 de julio.
“Me condujeron para la unidad del Capri, porque yo no me escondo para hablar y denunciar. Simplemente, soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposo, porque 21 años de condena es más que injusto, y estoy aún más afectada con las altas sentencias a los menores de edad. Yo soy una mujer sola, con niño, no tengo dinero para pagar 5 mil pesos, y menos injustamente, porque ellos quieran”, aseguró Prieto La Rosa.
Desde la prisión de Kilo-9, en la ciudad de Camagüey, donde ya cumple condena, Dixán Gainza Moré denunció en comunicación telefónica con el activista Jiordan Marrero Huerta, que ahora las autoridades quieren encausar a su hermana, Disney Azahares Moré.
“La Seguridad del Estado, que manipula a los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a mi hermana a través de fiscalía para llevarla a prisión e intimidarla, y esto forma parte del acoso que sufren los familiares de los presos políticos del 11 de julio”, afirmó Gainza Moré.
Se trata de un presunto delito de actividad económica ilícita, dijo a Radio Martí Azahares Moré, y agregó que todo es un invento de ese órgano represivo por el apoyo que ha dado a su hermano.
“Acabo de contratar un abogado que me costó más de cinco mil pesos; me están fabricando un delito que es mentira, y lo están haciendo para silenciarme”, afirmó la mujer.
Por otro lado, este lunes regresará a la prisión de Quivicán, Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, que acaba de abandonar una prolongada huelga de hambre.
Aranda Batista acusa a las autoridades de manipulación, y de ocultarle información sobre su esposo.
“Cuando fui a la prisión pidiendo fe de vida no me lo dejaban ver, y yo hice tanto escándalo que, finalmente, el segundo de la prisión me atendió, junto a mi suegra, y pudimos verlo por 10 minutos. Está en muy malas condiciones; no era mi esposo ese que yo vi”, alertó.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén, y el viernes se le postergó la visita a su hijo, Jonathan Torres Farrat, advirtió la mujer en una directa en Facebook.
“Todas son amenazas para que no hablemos, que no hagamos nada, que dejemos a nuestros seres queridos que se pudran en prisión, que no digamos nada, que no nos expresemos, yo no sé qué está esperando este estado de nosotros”, cuestionó la madre de Jonathan.
Otra madre del 11J, Yudinela de la Caridad Castro Pérez, permanece internada desde el viernes en el hospital Julio Trigo en La Habana por atentar contra su vida, luego de conocer el aumento a 18 años de prisión en la sentencia contra su hijo, el menor Rowland Jesús Castillo Castro, informó en redes sociales su madre, María Teresa Pérez.
Castro Pérez ha experimentado una mejoría, pero este lunes continuaba hospitalizada, agregó su madre.
