Freemuse, una organización internacional independiente dedicada a la defensa de la libertad de la creación artística, denunció en su informe anual las frecuentes violaciones a los derechos de los creadores en Cuba.
De acuerdo con los datos proporcionados en el informe sobre el Estado de la Libertad Artística 2020, “al menos 22 artistas fueron detenidos arbitrariamente por defender su derecho a la libertad de expresión o de reunión”, el pasado año en la isla, donde “los opositores al Decreto 349, principalmente los asociados al Movimiento San Isidro continuaron enfrentando persecución sistemática”.
En el reporte, Freemuse advierte que Cuba, “como miembro electo del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas para el período 2021-2013 […] debe ratificar el ICCPR y el ICESCR, firmados en 2008, y proporcionar a sus ciudadanos protecciones de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas”.
Señala, además que el gobierno cubano “debe garantizar el ejercicio sin obstáculos de la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho a juicios justos y la protección de las personas detenidas”.
Garantizar la libertad de creación, el libre intercambio de información, “sin emplear recortes de Internet como técnica para impedir la difusión de opiniones disidentes”, no interferir en la sociedad civil, derogar el Decreto 349 y “adoptar legislación de conformidad con el artículo 19 del ICCPR”, son otras de las recomendaciones realizadas por Freemuse al régimen cubano.
A nivel mundial, el documento presentado por la ONG detalla que durante 2020 se reportaron unas 978 violaciones de la libertad de creación en 89 países y “espacios en línea”; 17 artistas fueron asesinados, 133 detenidos y un total de 82 encarcelados.
“Es inimaginable que el récord de enjuiciamiento y encarcelamiento de artistas sea en el año en que los artistas y el sector de la cultura ya han sufrido la pérdida de su sustento”, dijo el Dr. Srirak Plipat, director Ejecutivo de Freemuse refiriéndose a las dificultades adicionales creadas por la pandemia.
Plipat agregó que el informe de este año "ilustra el aumento de los usos indebidos de blasfemia, la legislación antiterrorista y las medidas de COVID-19 como pretextos para silenciar las voces disidentes de artistas y obras de arte”.
