“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW).
El grupo de derechos humanos divulgó este miércoles el informe “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina”, en el que asegura que las políticas migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú han empujado a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse hacia el norte a través del Darién.
En el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado el Tapón del Darién huyendo de la violencia, la persecución y de crisis humanitarias. Ello incluye cerca de 477.000 venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos, indica HRW, a partir de seis visitas a la zona y de 300 entrevistas.
La directora ejecutiva de HRW dijo que es crucial que estos gobiernos "respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local y aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas".
El informe insta a los gobiernos de la región a seguir iniciativas como "el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos de Brasil y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos, así como los esfuerzos de Colombia para conceder el estatuto temporal de protección a los venezolanos".
Los gobiernos de las Américas deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable, señaló Human Rights Watch.
La agrupación alerta sobre una encuesta realizada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que el 43 % de los encuestados dijo estar considerando la posibilidad de abandonar el país, incluyendo 1,5 millones de personas que planeaban hacerlo antes de finales de año.
En el caso de Haití, llaman la atención sobre la "situación humanitaria catastrófica" que afecta a 5,5 millones de personas y la violencia ha obligado a casi 600.000 personas a desplazarse internamente entre enero y junio de 2024.
El informe se refiere además al aumento de migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos como "resultado del fuerte incremento de la delincuencia y la violencia en el país, con tasas récord de homicidios y extorsión. La pobreza y la falta de empleo adecuado son también factores clave".
HRW criticó el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para financiar la expulsión de los extranjeros "que no tengan una base legal".
"Dado que el sistema de asilo panameño es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución. Este acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues en esencia externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa de las solicitudes de asilo", indica el informe.
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