Walnier Luis Aguilar Rivera, a sus 24 años y con discapacidad intelectual certificada por los médicos, está encerrado con reos de alta criminalidad, a pesar no tener antecedentes penales antes de ser detenido y condenado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
El joven fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por supuesta "sedición" tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.
Su padre, Wilber Aguilar Bravo, convertido en un tenaz activista por la libertad de los presos políticos cubanos, dijo a Martí Noticias que desde 2022 su hijo se encuentra en una de las áreas de alta peligrosidad de la Prisión del Combinado del Este, con reclusos que enfrentan largas condenas por delitos civiles graves.
“Anímicamente está bien, no nos vamos a despegar ni un instante (…) porque, recalco y vuelvo a recalcar que mi hijo nunca ha tenido récord criminal; mi hijo nunca ha tenido un problema ni un delito y está allí porque ellos se lo fabricaron”, aseguró Aguilar, quien lo pudo visitar este lunes en prisión.
Según explicó, su hijo no sólo está afectado por la falta del medicamento, sino que el medio en el que se encuentra, en "el Edificio Nº 1, cuarto piso, en el piso con más años por criminalidad" no le favorece para "poderse desarrollar", teniendo en cuenta su discapacidad.
Aguilar recalcó que en dicho piso “están los presos en Cuba de mayor severidad, en ese edificio, allí están”.
Durante esta visita le fue permitido entregarle a su hijo la “jaba” con los artículos imprescindibles que tradicionalmente los familiares llevan a los prisioneros: “Gracias a Dios, no nos decomisaron nada”, afirmó.
“Libertad para mi hijo y libertad paras esas más de mil almas inocentes que tienen presas allí”, reclamó el activista, quien ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.
En enero de este año, Aguilar Bravo entregó en la Asamblea Nacional una petición oficial para una Ley de Amnistía dirigida a la diputada y Vicepresidenta del órgano legislativo Ana María Mari Machado.
La carta firmada varios familiares de presos políticos del 11J pedía a la funcionaria que iniciara los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley.
"Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento. Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos", indicaba la misiva promovida por Wilber.
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