Dos presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 denunciaron que están sin atención médica especializada, además de sufrir las consecuencias de una escasa y pésima alimentación, y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias.
“Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle porque no tienen nada, y debido a ese dolor de muela, hasta está descompensado de la presión y del azúcar también", informó Yuleidy López, esposa de Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, recluido en la prisión Combinado del Este.
"Es pésima, pésima, pésima la alimentación y de la higiene ni hablar, hay un chinchero que por favor las chinches que hay allí en el penal”, agregó la esposa del periodista condenado a 15 años de cárcel por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en la manifestación del poblado de Güira de Melena.
La mujer dijo que lo mantienen recluido junto a reos comunes de alta peligrosidad: “Lo mismo asesinos, que los que roban. Allí están todos ligados, el único preso político que está en el destacamento es él”.
Martha Domínguez, madre del comunicador, explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.
"Jorge reclama sus derechos y allí hacen ellos lo que les da la gana, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, y todo es "que no tienen". Era para que ya esa muela se la hubieran sacado hace rato, ya eso hace meses que él está con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada”.
También reclamando atención médica está Jorge Luis García García en el penal de Boniato en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena por su participación en la protesta de Palma Soriano.
El prisionero político sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente por policías el día de su detención,.
Ya han pasado casi tres años, cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo, y tampoco ha sido llevado a un hospital, denuncia su hermano Daniel García García.
“La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo, el reeducador no dice nada, 'que no hay cirujanos', y eso va creciendo y no hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente.”
"Le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde y la comida a las 11 de la noche, es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos", afirmó el familiar.
En el mes de mayo Amnistía Internacional calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba.
La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha alertado que "la deficiente alimentación, que repercute sobre las defensas del organismo, se combina con la escasez y mala calidad del agua, las plagas de insectos y las malas condiciones de la infraestructura de las cárceles" y que esto crea un "ambiente propicio para la proliferación de enfermedades que muchas veces terminan siendo letales o dejando secuelas irreversibles".
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Tras el Examen Periódico Universal a Cuba instaron a las autoridades de la isla a velar por el pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad.
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