Criminalización de la protesta pacífica, detenciones arbitrarias, juicios sumarios, penas de hasta 30 años de prisión, opositores presos con salud deteriorada: la situación de derechos humanos en Cuba es "dramática", afirmó el jueves el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la isla.
El jurista Stuardo Ralón, uno de los siete miembros de la CIDH, habló con la AFP luego de que este órgano de la OEA manifestara su "preocupación" por las cientos de personas detenidas y judicializadas por participar en las manifestaciones de julio pasado en Cuba, y de que urgiera su liberación.
P: ¿Cuál es la situación de derechos humanos en Cuba?
R: Es dramática pues no se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política. Y cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años.
P: El Movimiento San Isidro, creado en 2018 por artistas e intelectuales para exigir mayor libertad de expresión, dijo el miércoles que uno de sus fundadores, Luis Manuel Otero Alcántara, detenido el 11 de julio, estaba en huelga de hambre y su salud era precaria. ¿Qué sabe de él la CIDH?
R: Lo último que sabemos es de condiciones de detención en las que su salud está muy delicada y sobre la cual estamos sumamente preocupados. La información que tenemos es que la situación en las prisiones es de hacinamiento, sin las condiciones básicas de respeto a la dignidad de las personas, y que cuando los detenidos están en huelga de hambre su salud se ve sumamente afectada. Tenemos información de que existen otras personas en condiciones similares a las de Otero Alcántara.
P: ¿Cuántos siguen detenidos por las protestas de julio?
R: Según la información que tenemos hay 790 personas detenidas sujetas a procesos, muchos de ellos sumarios, sin reales garantías de derecho de defensa, con penas de prisión de hasta 30 años. Y estas penas en juicios sumarios lo que pretenden es un mensaje de censura, de castigo por pensar y manifestarse diferente al régimen actual en la isla.
P: La CIDH señaló en un comunicado la detención de decenas de adolescentes, diciendo que es una medida que debe utilizarse como último recurso.
R: Este es otro de los principios que se ha quebrantado.
P: Muchos manifestantes fueron acusados de sedición. ¿Qué piensa la CIDH?
R: Nos hemos percatado de que en muchos de estos procesos sin garantías se utilizan tipificaciones ambiguas, como delitos de sedición o terrorismo. Realmente se pretende criminalizar un acto que lo que pedía era una apertura democrática.
P: Cuba fue excluida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1962, tras la revolución castrista, y desde 2009, cuando esa decisión fue anulada, no ha pedido su reincorporación. ¿La CIDH tiene competencia para pronunciarse sobre Cuba?
R: Sí. La competencia de la Comisión para monitorear el respeto de los derechos humanos en todo el continente incluye a Cuba.
P: La activista Anamely Ramos denunció que se le impidió regresar a La Habana "por razones políticas". ¿Puede un gobierno negarle la entrada al país a uno de sus ciudadanos?
R: Un estándar internacional es que no se le puede prohibir a un nacional ingresar a su propio país. El problema es que cuando no existe una democracia, sino un poder único que va violentando derechos humanos, garantías individuales, se pueden dar este tipo de atropellos. Esto es a todas luces algo sumamente grave y una violación clara también de los derechos humanos.
P: ¿Qué debe hacer la comunidad internacional?
R: Creo que hay una enorme responsabilidad de los distintos organismos internacionales, de diferentes Estados, de cada quien de acuerdo a sus competencias, de visibilizar y denunciar, como la CIDH hace cuando hay violaciones, y exigir que no se vivan estas situaciones. Si esas voces van al unísono, visibilizando la situación, se puede generar una posibilidad esperada de cambio.
P: Cuba afirma que tiene soberanía para resolver sus propios asuntos.
R: Cada Estado tiene soberanía para establecer ciertas normas e instituciones, y mecanismos o políticas para su propia realidad social. Eso lo reconoce la misma OEA. Sin embargo, ese concepto no puede ser aplicado para que un poder de un Estado determinado atropelle los derechos humanos.
P: El gobierno cubano acusa a los disidentes de estar financiados por Estados Unidos, que busca un cambio de régimen en Cuba, y a la OEA de ser un instrumento de Washington. ¿Qué opina como comisionado?
R: Nosotros no hacemos valoraciones políticas. Como organismo técnico de monitoreo de los derechos humanos, nos parece que hay reclamos legítimos. Nosotros condenamos que hay violaciones de los derechos humanos sistemáticas en Cuba.
