BRASILIA - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará el miércoles frente a una encrucijada judicial, en la que la Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.
Los once magistrados del Supremo analizarán un "habeas corpus" presentado por la defensa de Lula en el cual se sostiene que, aún ratificada la condena en segunda instancia, como es su caso, restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
A esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En el caso de Lula, declarado culpable de haberse beneficiado en forma ilícita de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista, la sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, aumentada a doce en una corte superior.
Diez días atrás, el Supremo aceptó discutir el "habeas corpus" presentado por los abogados de Lula y además, por un ajustado resultado de seis votos contra cinco, impidió cautelarmente que sea encarcelado hasta que se falle sobre ese recurso.
De ese modo, si el "habeas corpus" fuera acatado, Lula podrá seguir apelando en libertad a la condena, primero al Superior Tribunal de Justicia y luego ante el propio Supremo, en un proceso que pudiera llevar hasta dos años, según el ritmo de los tribunales brasileños.
No obstante, si fuera rechazado, su encarcelamiento debería ser ordenado en cuestión de horas o, a lo sumo, de días.
En medios jurídicos, las opiniones sobre el momento en que se debe ejecutar la pena están totalmente divididas, así como están los propios brasileños respecto a la culpabilidad de Lula, quien niega todos los cargos en esa y otras seis causas que aún enfrenta en los tribunales, en su mayoría por corrupción.
Prueba de ello fueron sendos documentos entregados este lunes al Supremo por organizaciones de jueces y abogados, unos a favor de que Lula sea encarcelado de inmediato y otros en defensa del argumento de sus abogados, que insiste en que una persona no puede ir presa mientras haya posibilidades de nuevas apelaciones.
Entre los once magistrados del Supremo, a tenor de sus opiniones sobre ese y otros casos, también parece haber una fuerte división. Analistas jurídicos calculan que cinco están inclinados a aceptar el "habeas corpus" que por ahora libraría a Lula de la cárcel, y que otros cinco están rotundamente en contra.
El fiel de la balanza sería la magistrada Rosa Weber, quien ha declarado que, personalmente, no cree que nadie deba ir a prisión mientras pueda apelar, pero que en esos casos siempre ha votado según la cautelar de 2016, que ordena ejecutar la sentencia después de confirmada en segunda instancia.
Como el fallo sobre Lula será en la práctica una revisión de esa decisión de 2016, algunos analistas jurídicos consideran que Weber puede votar entonces según sus convicciones y en contra de la jurisprudencia, beneficiando así al expresidente.
El Supremo ha aclarado que el fallo estará acotado solo al caso de Lula, pero muchos abogados ya prevén que sentaría un precedente que valdría para todo condenado en segunda instancia.
De esa manera, si se acata el "habeas corpus" se pueden abrir las puertas de las cárceles para decenas de condenados por corrupción y también para muchos hallados culpables de todo tipo de delitos, que tendrían derecho a intentar amparos similares.
En vísperas de la decisión del Supremo, movimientos favorables y opuestos a la tesis de Lula han convocado diversas manifestaciones, tanto para hoy como para mañana, mientras se desarrolle la sesión. Ante ese clima, la presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, difundió este lunes un mensaje en el que pidió "serenidad" y que "las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social", pues "violencia no es justicia".
En el trasfondo del proceso están también las presidenciales de octubre, para las que Lula ha anunciado su candidatura, a pesar de normas que prohíben a todo condenado en segunda instancia aspirar a un cargo electivo y que el expresidente también pretende contestar, siempre y cuando conserve su libertad.
[Agencia EFE]
