Las nuevas normas sobre el usufructo de tierras ociosas a aprobarse en Cuba dentro de dos meses, tendrían origen en las trabas burocráticas y la negativa del régimen contra la iniciativa individual de los cubanos.
El pasado martes la Gaceta Oficial publicó las modificaciones para este beneficio a los agricultores cubanos, lo que estaría enfocado en sacar a la economía cubana del atolladero en que se encuentra actualmente.
Según el experto en Economía agrícola, Germán González Rodríguez, la aplicación de nuevas estrategias está basada en “la lentitud de la entrega de tierras, Cuba importa mucho más del 80 por ciento de los alimentos que consume”, señaló González.
El especialista y estudioso de la economía cubana agregó que “a pesar de las entregas que se han hecho en siete u ocho años entregando tierras en usufructo, hay una disminución de la producción agrícola”.
Además, explicó González Rodríguez, la disminución de la cantidad de cabezas de ganado estriba en que el Estado cubano no otorga créditos suficientes.
“Tienes que facilitar insumos, facilitar sementales en el caso de la ganadería y semillas en el caso de la agricultura”, apuntó el experto.
“A pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas de tierra a unos 200.000 aspirantes a convertirse en agricultores privados en la última década, grandes extensiones de tierra permanecen sin cultivar”, señaló el acucioso periodista Marc Frank, de la agencia Reuters.
Por otro lado, aseveró González, el productor cubano choca con la negativa de las autoridades a que los nacionales puedan hacer negocios directamente con el exterior. “Tiene que pasar por las empresas estatales importadoras y distribuidoras”.
En cambio Frank, estima en solo un 60 por ciento la importación de alimentos que hace el Estado cubano, en contradicción con González.
“Cuba, con escasos recursos, importa más del 60 por ciento de los alimentos que consume a un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, principalmente en la compra de arroz, maíz, soya y frijoles, así como leche en polvo y pollo”.
Como si fuera una regalía, las nuevas modificaciones facultan a los usufructuarios a vincularse a empresas estatales. El arrendamiento se extiende a 25 años de usufructo, así como la cantidad de tierra de 13 hectáreas a 26.
Sin embargo, González llama la atención sobre el incremento de los requisitos para acceder a las tierras, que está sujeto a algo tan subjetivo como “el comportamiento ético y moral”, señaló.
[Con entrevista de Yolanda Huerga, en Radio Martí y reporte de la agencia Reuters]
