El más reciente informe del Observatorio de la Libertad Académica (OLA) evalúa cómo el Estado cubano ha venido armándose de herramientas legislativas para someter la cultura y la intelectualidad a las directrices del poder.
Para esto sitúa como precedente al Congreso de Educación y Cultura de 1971, tras el cual “se desató una persecución sin precedentes” por razones político ideológicas y marcada por “censura, defenestración, cárcel y exilio” contra escritores y artistas.
“Lo complementa el análisis correspondiente al discurso” [de Fidel Castro] en la clausura del evento, que deja claro su propósito de instaurar la ideología marxista-leninista, preparando así el terreno para la entrada en el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), indicó a Radio Televisión Martí, Sergio Ángel Baquero, jefe del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y coordinador del OLA.
Un análisis comparativo, iniciado en el informe anterior, del Decreto 226 de 1997 y el Decreto 349 de 2018 del Consejo de Ministros concluye que mientras el primero formula contravenciones en materia de servicios artísticos, el segundo extiende “el alcance sancionador hasta materias de política cultural, acrecentando el carácter liberticida del sistema cubano”.
El Decreto 349 tiene “un rango de aplicación ilimitado sobre las personas y el espacio; es decir que cualquier manifestación cultural que ocurra en cualquier espacio, público o privado, puede ser objeto de las contravenciones instituidas”.
También empodera “al Estado para intervenir punitivamente contra cualquier manifestación cultural” molesta a través del Ministerio de Cultura, afirma el dossier del Observatorio de la Libertad Académica.
“Mientras que el Decreto 226 suponía altos niveles de censura y control sobre los servicios culturales, el Decreto 349 establece la ‘administrativización’ del arte que, a partir de su promulgación, no se contemplaría como un derecho, sino como un ‘servicio’ que solo podía ser ejercido en consonancia con lo que el Estado decidiera y autorizara”, recalca OLA.
El Decreto 349 permite reprimir, de forma expedita y sin fiscalización, derechos como la libertad académica, de expresión o la libre emisión del pensamiento, concluye el análisis.
Como ya es habitual, la exposición fundamenta los casos de dos víctimas de discriminaciones por motivos ideológicos que ponen de manifiesto la conculcación de la libertad de cátedra:
“Presenta los casos de Néstor Díaz de Villegas, estudiante del Instituto Preuniversitario Jorge Luis Estrada [en la ciudad de Cienfuegos] quien fue catalogado como contrarrevolucionario y el caso de Remmy Ramsés Hernández, maestro de la Escuela Pedagógica Eduardo García Delgado [del municipio Boyeros en La Habana] que fue cuestionado, discriminado y amenazado debido a su negativa de unirse a la organización sindical del centro docente en el que laboraba”, apuntó Baquero.
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