Familiares de los detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio narran a Radio Televisión Martí la dramática realidad que enfrentan sus seres queridos, sobre quienes pesan peticiones fiscales de hasta 25 años de privación de libertad. .
Jaime Alcides Fildo Rodríguez, de 21 años de edad y preso desde el 17 de julio, tiene una petición fiscal de 25 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público, cuenta su mamá Yuneisy Rodríguez García.
“El lunes de la semana pasada fue que lo pude ver por primera vez desde que se lo llevaron. Comenzó a llorar y me dijo que tratara de sacarlo de allí. Ojalá que yo pudiera sacarlo de esa cárcel. Este viernes cumple 22 años y es un niño que nunca ha tenido problemas legales, y se dedicaba a la venta de pan a domicilio”, señaló su madre.
También, dijo la mujer, se encuentra en una situación similar su hermana Yaquelín Castillo García, de 47 años de edad, presa desde el 12 de julio, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio La Lisa, con petición fiscal de 20 años de prisión por los presuntos delitos de desacato y desorden público.
“Supuestamente, dicen ellos, un dron registró la voz de mi hermana exhortando a los manifestantes para que tiraran piedras y botellas. Todo esto es muy injusto con los dos. Este país es lo peor del mundo”, concluyó.
Mientras tanto, tres hermanos residentes en La Güinera, en Mantilla, Arroyo Naranjo, han sido acusados de instigación a delinquir, atentado y desorden público, señala su papá, Emilio Román Matos: Emy Yoslán Román Rodríguez, de 18 años de edad, con petición fiscal de 15 años de prisión, quien se encuentra en la cárcel de menores del Guatao; Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25 años de edad y con 20 años de prisión en la petición fiscal, en el Combinado del Este, y Mackyani Román Rodríguez, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de privación de libertad, en la prisión de mujeres del Guatao.
“Eso es una cosa totalmente injusta, toda esa cantidad de años que les están pidiendo a los muchachos, que solamente participaron en la manifestación como miles y miles de personas. Sin embargo, la policía provocó más daños, y en los papeles de la fiscalía que les llegaron a los encausados de Mantilla, no sale petición fiscal alguna en contra del policía que mató a uno de los manifestantes”, enfatizó Román Matos.
Por su parte, Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, que está preso en el Combinado del Este luego de su detención el 18 de julio, tiene una petición fiscal de 22 años por el delito de sedición, y no le han permitido visita familiar hasta el presente, informó su padre Luis Wilbert Aguilar.
“Mi hijo tiene retraso mental, algo que está respaldado por documentos médicos; incluso, se le otorgó la baja del servicio militar por ese padecimiento, y entonces el abogado no puede hacer nada, y le han puesto en el encausamiento una cantidad tremenda de cosas que son inventadas. Es un abuso de ellos” afirmó Aguilar.
También está el caso de Maikel Puig Bergolla, residente en el municipio de Güines, preso desde el 12 de julio, con petición fiscal de 25 años por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, recluido en la prisión de mayor rigor de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, donde lo acaban de castigar por las denuncias sobre su caso que está realizando su familia, reportó su esposa Saily Núñez Pérez.
“Le quitaron el derecho a la visita familiar. Las niñas, hace tres meses que no lo pueden ver. También [le prohibieron] las llamadas telefónicas, porque lo culpan de toda la información sobre su caso que está fluyendo afuera”, apuntó la mujer.
