Importantes organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos exigieron en una carta dirigida al presidente estadounidense Joe Biden que actúe de inmediato para garantizar la libertad de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, editora del servicio tártaro-bashkir de la Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).
En concreto, piden que EEUU declare que Kurmasheva, en prisión preventiva desde que las autoridades rusas la detuvieron el 18 de octubre de 2023, sea declarada como "detenida injustamente", un estatus que permitiría al gobierno estadounidense mayores posibilidades de gestionar su libertad.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el Club Nacional de Prensa, la Fundación Libertad de Prensa y Reporteros sin Fronteras, entre otras prestigiosas agrupaciones, recuerdan a Biden que el caso de Kurmasheva "se encuentra actualmente en la División de Asuntos Consulares del Estado", que maneja los casos de estadounidenses que han cometido o han sido acusados de delitos como entrada ilegal, corrupción y otros asuntos penales.
"Ninguno de estos se aplica al caso de Alsu. Fue arrestada porque es periodista y el periodismo no es un delito. El único motivo de Rusia para retenerla es cambiarla por uno de sus activos", indicaron en la carta al presidente.
Los firmantes exigen que el tema sea un asunto de la Oficina del Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes, algo que han venido demandando desde hace meses.
"La falta de transparencia y compromiso en este tema crítico es preocupante. Al gobierno de Alsu le ha llevado demasiado tiempo dar un paso al frente y decir que su detención es ilícita. La comunidad periodística exige que se tomen medidas ahora para ayudarla. Ha estado retenida durante ocho meses y no se le ha permitido ver ni hablar con sus hijos ni con su marido", indican las organizaciones firmantes.
En mayo, a raíz de cumplirse siete meses de su detención injusta, un portavoz del Departamento de Estado dijo que se mantenían "profundamente preocupados por el caso de Alsu" y que condenaban "en los términos más enérgicos posibles los continuos intentos del Kremlin de intimidar y reprimir a los periodistas y las voces de la sociedad civil".
Vedant Patel, principal vocero de la cancillería estadounidense negó que el Departamento de Estado estuviera "frenando el proceso", sino que estaba "en juego un proceso deliberativo en términos de cualquier designación formal de detención ilegal".
Kurmasheva fue acusada de no registrarse como agente extranjera, lo que conlleva una pena de prisión de hasta cinco años y posteriormente se le presentó un cargo adicional de difusión de información “falsa” sobre el ejército ruso, que podría acarrear una pena de prisión de hasta 10 años.
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